La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, manifestó su preocupación frente a los hallazgos del estudio elaborado por la Contraloría General de la República sobre las intervenciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios entre 2019 y 2024, según informó Portafolio.
El análisis del organismo de control evidencia un deterioro estructural del sistema, situación que, de acuerdo con el gremio farmacéutico, compromete la continuidad en el acceso a medicamentos, diagnósticos y tratamientos para una parte significativa de la población afiliada al sistema de salud.
El informe señala que el 75 % de las EAPB intervenidas registra un desempeño clasificado como medio-bajo, sin mejoras sustanciales en sostenibilidad financiera.
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Estas entidades concentran la afiliación de 29,25 millones de personas, cifra que representa el 58 % de la población asegurada en el país y que depende de organizaciones con limitaciones operativas y económicas.
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De acuerdo con Afidro, estos resultados describen un escenario de riesgo creciente para la garantía del suministro farmacéutico, especialmente para pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo que requieren continuidad en sus terapias. El gremio sostiene que las dificultades financieras de las entidades impactan directamente la operación de la cadena de medicamentos.
La Contraloría también incluyó en su evaluación un modelo econométrico que mide la probabilidad de una crisis sistémica. Según ese ejercicio técnico, el riesgo pasó del 30 % en 2019 al 49,5 % en 2024, con una proyección de 60,4 % para 2026. Afidro interpreta estas cifras como un reflejo de la fragilidad actual del aseguramiento en salud.
En medio de este contexto, se registró la decisión de un gestor farmacéutico de suspender la prestación de servicios a la Nueva EPS a partir del 1 de enero, hecho que fue considerado por la asociación como un indicador adicional del deterioro operativo de las entidades intervenidas. Para el gremio, la salida de un proveedor especializado revela restricciones severas en la capacidad de pago.
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Las EAPB sometidas a medidas administrativas concentran deudas por $9,3 billones con la red de prestadores, mientras que en algunos procesos de liquidación los gastos administrativos superan el 50 % de los recursos disponibles, reduciendo el margen para la compra de medicamentos y la financiación de servicios efectivos.
A esta situación se suma un incremento del 70 % en la cartera vencida, factor que limita la operación de los proveedores y de los operadores logísticos que participan en la distribución de medicamentos en todo el país. Afidro advierte que este escenario presiona de manera directa a la cadena farmacéutica.
El presidente ejecutivo del gremio, Ignacio Gaitán, se refirió a este panorama y afirmó que “la suspensión de servicios de un gestor farmacéutico a la Nueva EPS no sorprende a quienes hemos estado advirtiendo sobre el deterioro del sistema”. En su declaración agregó que el retiro de un operador de la cadena de suministro indica una pérdida total de capacidad de pago por parte de la entidad aseguradora.
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Gaitán también señaló que detrás de los indicadores financieros existen efectos concretos para los usuarios del sistema. “Hay pacientes crónicos sin acceso a medicamentos, personas en tratamiento oncológico sin continuidad terapéutica y trabajadores de la salud sin los suministros necesarios”, expresó, al tiempo que mencionó que el informe de la Contraloría respalda advertencias previas del sector.
En el componente de liquidación, el estudio oficial identifica falencias en la recuperación de recursos. De un total de $3,05 billones en cuentas por cobrar de entidades liquidadas, solo se ha logrado recuperar el 6,07 %, equivalente a $185.000 millones. Diez de las once entidades liquidadas reportan un cumplimiento superior al 90 % en sus planes, aunque apenas alcanzan pagos entre el 35 % y el 40 % de sus obligaciones.
El documento también reporta $770.000 millones en deudas pendientes con las Empresas Sociales del Estado, situación que ha impactado su capacidad de operación, adquisición de insumos y contratación de personal, especialmente en territorios donde predominan las redes públicas de atención.
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Afidro solicitó al Gobierno nacional la adopción de soluciones financieras urgentes que permitan garantizar la continuidad de los servicios y evitar mayores afectaciones en la cadena de suministro de medicamentos.
Asimismo, reiteró la necesidad de definir de manera adecuada la Unidad de Pago por Capitación y de asegurar transiciones ordenadas para los usuarios cuando se presenten cambios en los operadores farmacéuticos.