El reciente incremento del salario mínimo en Colombia en el año 2026, establecido en un 23 % por el presidente Gustavo Petro, situó el ingreso mensual en $1.750.905, y para quienes reciben el auxilio de transporte, el monto total asciende a $2.000.000.
Con esta decisión, los colombianos mostraron su inquietud frente a la posibilidad de que aumenten los precios de productos y servicios en el país para el año entrante.
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Sin embargo, el impacto no será igual para todos los hogares de la nación, ya que varias tarifas esenciales dejaron de vincularse directamente al monto salarial fijado para los trabajadores colombianos y dependen actualmente de otros factores.
En diversos rubros fundamentales, el incremento salarial no conducirá automáticamente a un alza de precios.
Un caso concreto es el de los arriendos de vivienda, cuyo ajuste anual solo puede realizarse con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que busca asegurar la estabilidad de los arrendatarios y evitar incrementos desproporcionados.
Igualmente, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), tampoco variará de manera directa con el salario mínimo, sino que su actualización depende de otros indicadores, principalmente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Unidad de Valor Tributario (UVT).
De acuerdo con la ley vigente, el salario mínimo dejó de ser el parámetro para actualizar estos aspectos.
Peajes y multas de tránsito
Asimismo, los peajes en vías nacionales y carreteras concesionadas tampoco se verán afectados de forma directa por el cambio en el salario mínimo.
El valor de estos peajes se determina conforme a la inflación o según lo dispuesto en los contratos específicos de concesión, lo que significa que los costos de viajar por carretera no responden al ajuste al salario mínimo sino a factores contractuales y a la evolución del IPC.
En el mismo sentido, las sanciones de tránsito, que son motivo de preocupación para un amplio sector de conductores, tampoco dependen del monto salarial fijado por decreto presidencial.
Las multas están calculadas en Unidades de Valor Básico (UVB), las cuales se actualizan tomando como referencia la inflación reportada oficialmente.
El aumento del salario mínimo, por tanto, no supone un incremento automático en el valor de estas infracciones.
Servicios públicos
La actualización tarifaria en los servicios públicos domiciliarios —agua, energía, gas y aseo— responde a esquemas técnicos y regulatorios donde prevalecen criterios como los costos de operación y la regulación sectorial.
Además, la inflación es el principal referente para las modificaciones tarifarias, de modo que cualquier ajuste dependerá de estos elementos y no de la variación del salario mínimo.
En el ámbito de la educación privada, tanto matrículas como pensiones se determinan según las políticas internas de cada institución y la inflación vigente.
Las alzas deben respetar los límites legales definidos, sin encontrarse vinculadas de manera directa al salario mínimo.
Esta desindexación constituye un paso decisivo en la estrategia del Estado para evitar que suban al mismo ritmo tanto los ingresos mínimos como los gastos recurrentes, tratando de mantener en mejores condiciones el poder adquisitivo de los colombianos.
Aumento indirecto
No obstante, ciertos rubros que emplean mano de obra remunerada directamente al sueldo mínimo podrían ver aumentos indirectos derivados de la actualización salarial.
Tal situación implica que si bien la ley no exige incrementos automáticos en estos bienes y servicios, los costos de operación relacionados con personal o proveedores que dependan del salario mínimo sí tienen la capacidad de trasladar parte de ese impacto a los consumidores, según datos recopilados por Blu Radio.
También, sectores como la vigilancia y el aseo en conjuntos residenciales, intensivos en mano de obra, podrían presentar ajustes en sus tarifas, pues el mayor costo laboral suele trasladarse, al menos parcialmente, a los consumidores.
Finalmente, ciertos servicios privados, entre los que se cuentan consultas médicas particulares o trabajos profesionales independientes, podrían experimentar encarecimientos por motivos relacionados con el incremento general de costos, a pesar de no estar sujetos a la obligación legal de ajustarse según el salario mínimo.