El incremento proyectado del salario mínimo Colombia 2026, que prevé una subida del 23% y eleva el nuevo piso salarial a $1.750.905, desató una notable preocupación entre diferentes expertos. La información se filtró el 28 de diciembre mediante un borrador de decreto previo al anuncio oficial y anticipa repercusiones económicas de gran alcance, incluyendo presiones a la inflación, sostenibilidad fiscal, impacto en el empleo formal e informal y posibles motivaciones políticas.
Y es que el Gobierno de Gustavo Petro respalda la decisión en el principio de salario mínimo vital definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presidente afirmó que el objetivo central del decreto es garantizar ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte, al enfatizar que “salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos”. El mandatario recalcó que esta medida responde a los estándares fijados por la OIT, destinados a garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.
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Uno de los puntos más críticos tiene que ver con el impacto previsional y fiscal. La consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP) calificó el aumento del salario mínimo en estos términos como “el acto de mayor irresponsabilidad que podría cometer el Gobierno”. Según esta, el alza incrementaría la nómina de Colpensiones en $6,7 billones respecto a 2025 y produciría un déficit en el presupuesto nacional de $3,1 billones de manera exclusiva por Colpensiones.
Además, advirtió que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (Fgpm) se vería al borde de la desfinanciación al agotar las reservas en esta década. Para los afiliados a fondos de pensión, las reservas necesarias para ejercer pensión por capital superarían los $525 millones por persona, lo que supone una presión fiscal adicional.
La firma consultora también anticipó una reducción en el valor de las mesadas para pensionados bajo retiro programado y pérdida de poder adquisitivo. Según la misma, “la generosidad de gobierno de turno la pagan los colombianos más pobres vía costo de vida e impuestos”.
Topes de viviendas de interés social
Por su parte, el consultor Diego Montañez-Herrera se refirió al efecto de la indexación automática del salario mínimo sobre los topes de vivienda de interés social (VIS). Según él, con el incremento del 23%, pasaría lo siguiente:
- El tope de 150 salarios mínimos se elevaría de $213.000.000 a $262.000.000
- El tope de 135 salarios mínimos pasaría de $192.000.000 a $236.000.000.
Señaló que, de no ajustarse los subsidios en la misma proporción, no se cerraría la financiación de los proyectos de VIS, lo que conduciría a renuncias masivas de beneficiarios que ya no podrían completar el pago de sus viviendas subsidiadas.
Reacción de las tasas de interés
Desde la perspectiva de los mercados financieros, el exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, jefe de Estrategia Macro para América Latina de XP Investments, destacó que la noticia del aumento propuesto ocasionó una reacción inmediata en las tasas de interés de la deuda soberana. Indicó que la tasa de los TES a diez años aumentó más de 33 puntos básicos (pbs) en una sola sesión, reflejo de la inquietud del mercado ante la posibilidad de que el Banco de la República deba subir su tasa de referencia, lo que suma así nuevas presiones fiscales.
Costos empresariales y precios al consumidor
En materia de empresas y empleo, el fundador de Raddar, Camilo Herrera Mora, sostuvo que un alza desmesurada del salario mínimo incrementa de manera automática los costos empresariales y los precios al consumidor, además de reducir las utilidades y el recaudo tributario.
Para el experto, esto dificulta aún más el acceso de los jóvenes a su primer empleo formal y podría provocar que pequeñas empresas abandonen la formalidad. Explicó que “al aumentar mucho el salario mínimo pasan varias cosas: aumentan costos, aumentan precios, se reducen utilidades en empresas y cae recaudo tributario”, lo que crea así un entorno que fomenta la informalidad laboral, compromete la viabilidad de los sistemas de salud y pensión, disminuye la inversión empresarial y limita el crecimiento real de los salarios.
También advirtió sobre el efecto en los precios de servicios y administraciones de edificios, la presión sobre el presupuesto nacional y el déficit fiscal.
Costos de producción y servicios
Respecto al riesgo de un nuevo ciclo inflacionario y la competitividad internacional, el CEO de JP Tactical Trading, Juan Pablo Vieira, resaltó que un aumento del 23% en el salario mínimo incrementa de inmediato los costos de producción y servicios, lo que termina reflejándose en los precios al consumidor. Considera que el proceso puede provocar la destrucción de empleo formal, en especial, en pequeñas y medianas empresas, al no poder absorber los mayores costes laborales.
Vieira argumentó que Colombia podría perder competitividad frente a otros países de la región, ya que el aumento salarial no va acompañado de mayor productividad. Puntualizó también que “el incremento del costo de contratación fomenta la informalidad y no mejora el poder adquisitivo real, pues la inflación y el desempleo terminan por neutralizar el beneficio nominal”.
Y en el plano político, el senador Juan Espinal, del Centro Democrático, manifestó su rechazo a la medida, que calificó como una propuesta sin sustento técnico, desvinculada de la productividad y de la realidad económica del país.
Aseguró el congresista que el aumento responde más a motivaciones políticas y electorales de cara a la inminente expedición del decreto, mientras los trabajadores y la economía deberían prepararse para afrontar sus posibles impactos negativos.