Centro Democrático se va a los tribunales para frenar la emergencia económica de Petro: denunciaron “uso estratégico” del Gobierno

El partido de Álvaro Uribe presentó una tutela, en la que advierten que permitir la aplicación del decreto sin control judicial afectaría derechos fundamentales y debilitaría el Estado de derecho

El Centro Democrático presentó una acción de tutela para frenar los efectos del decreto de Petro de emergencia económica - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

Desde la capital del país se formalizó una acción judicial que cuestiona de manera directa el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno nacional. El partido Centro Democrático presentó una acción de tutela con el objetivo de frenar los efectos del decreto, por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró el estado de emergencia económica y social por 30 días.

La tutela fue radicada por la senadora Paloma Valencia, en su calidad de congresista y candidata presidencial del colectivo, y por el director del partido, Gabriel Jaime Vallejo, como ciudadanos.

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El recurso se dirigió contra el decreto presidencial y contra las entidades encargadas de su desarrollo y ejecución, entre ellas la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Según el documento presentado ante un juez del circuito de Bogotá, la solicitud principal consiste en suspender de manera inmediata los efectos del decreto mientras la Corte Constitucional ejerce el control automático de constitucionalidad que ordena la Carta Política para este tipo de decisiones excepcionales.

En el texto se indicó que la vacancia judicial de la Corte genera un vacío temporal de control que, a juicio de los accionantes, justifica la intervención del juez de tutela.

La acción judicial advierte que permitir la aplicación del decreto durante ese lapso “implicaría vaciar de contenido la protección judicial efectiva de los derechos fundamentales, y tolerar una utilización estratégica del poder de excepción para eludir los controles propios del Estado constitucional de derecho”.

Paloma Valencia solicitó la suspensión inmediata del decreto mientras la Corte Constitucional realiza el control automático de constitucionalidad - crédito @CeDemocratico/X

El partido que lidera el expresidente Álvaro Uribe expuso que el decreto entró en vigor de forma inmediata y habilitó al Ejecutivo para expedir decretos con fuerza de ley, incluidos aquellos de carácter tributario. De acuerdo con la tutela, esta habilitación desplazó de manera temporal la competencia constitucional del Congreso para crear o modificar impuestos, en un momento cercano al cierre del año fiscal.

En los hechos descritos se recordó que el Congreso de la República archivó la reforma tributaria del Gobierno el 9 de diciembre de 2025, tras negar la ponencia positiva en las comisiones económicas conjuntas; este antecedente fue citado como un elemento previo a la declaratoria de emergencia económica, situación que desde el Gobierno se aceptó.

De esta manera, el recurso judicial sostiene que el Gobierno justificó la emergencia en una crisis fiscal asociada al déficit presupuestal, la rigidez del gasto y la baja recaudación tributaria. Sin embargo, los accionantes señalaron que estos factores no corresponden a hechos nuevos ni imprevisibles, requisito constitucional para acudir a un estado de excepción.

La tutela también solicitó que el juez ordene al Ministerio de Hacienda y a la Dian abstenerse de imponer, recaudar o exigir nuevos tributos derivados del decreto mientras se define su constitucionalidad. Según el documento, esta medida busca evitar efectos irreversibles sobre los contribuyentes.

En el comunicado que acompañó la presentación de la acción, el partido afirmó que “permitir que el decreto produzca efectos sin control judicial constituye un grave riesgo para los derechos fundamentales de los ciudadanos”, frase que se mantuvo como uno de los ejes de la argumentación.

Cabe destacar que, el decreto cuestionado otorgó al Gobierno la facultad de crear impuestos especiales para recaudar hasta USD41.000 millones (equivalentes a 155.000 millones de pesos), con el fin de atender necesidades presupuestales previstas para 2026. Este punto también fue mencionado como parte de los elementos centrales que motivaron la acción del Centro Democrático.

El déficit fiscal de $16,3 billones ha sido la razón detrás de la emergencia económica, según el Gobierno Petro - crédito Shutterstock

La acción presentada por el partido se suma a otras solicitudes radicadas ante la Corte Constitucional por las congresistas Angélica Lozano y Cathy Juvinao, ambas del Partido Verde, que pidieron la suspensión del mismo decreto. La decisión final ahora queda en manos del juez que asuma el conocimiento de la tutela y el alto tribunal, una vez retome plenamente sus funciones.

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