La reciente declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional generó reacciones inmediatas desde distintos sectores productivos del país.
Uno de los pronunciamientos más relevantes provino del sector financiero, que advirtió sobre los alcances de las medidas extraordinarias habilitadas bajo este mecanismo constitucional.
La emergencia económica permite al Ejecutivo adoptar decisiones de carácter tributario y fiscal sin el trámite ordinario en el Congreso de la República.
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En ese marco, se abre la posibilidad de incrementar la carga impositiva sobre las entidades financieras, con el objetivo de fortalecer el recaudo en el corto plazo y atender las necesidades que el Gobierno considera prioritarias.
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Jonathan Malagón, presidente de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), señaló que la medida no estaría respaldada por hechos nuevos que justifiquen su adopción.
Malagón a través de un video en X afirmó que la decisión “carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos. No existe hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo, en especial porque revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria, derrotada en democracia en el Congreso de la República”.
Uno de los puntos centrales de la advertencia del gremio se relaciona con el impacto tributario directo sobre la banca. Según Malagón, la aplicación de una nueva carga impositiva derivada de la emergencia implicaría una ‘sobre-sobretasa’ al impuesto de renta, lo que llevaría este tributo hasta el 50 %. Bajo ese escenario, explicó que la mitad de la actividad bancaria del país quedaría en manos del Estado, en la medida en que una proporción equivalente de los ingresos sería transferida vía impuestos.
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El dirigente gremial sostuvo que este nivel de tributación ubicaría a Colombia entre los países con menor competitividad tributaria para el negocio financiero. En sus palabras, el país quedaría “junto a las Islas Comoras, como el país del mundo con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero”, una comparación utilizada para ilustrar el alcance de la carga fiscal proyectada.
Desde la perspectiva del sector financiero, los efectos de esta medida no se limitarían a los balances de los bancos. Asobancaria advirtió que el encarecimiento de la operación bancaria podría trasladarse a distintos segmentos de la economía real, afectando a quienes dependen del crédito como herramienta de financiación.
En ese sentido, Malagón afirmó que “esto también tiene implicaciones para las familias que quieran acceder a un crédito de vivienda, para los empresarios que quieran ampliar su producción, para los estudiantes que quieren financiar su educación, para el crédito general en Colombia”.
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El pronunciamiento también contextualizó estas advertencias dentro del panorama macroeconómico actual. De acuerdo con el presidente de Asobancaria, la emergencia económica se decreta en un momento de inversión moderada y crecimiento contenido, lo que, desde su análisis, amplifica los posibles efectos de una mayor presión tributaria sobre el sector financiero.
Otro de los elementos mencionados es la relación entre la declaratoria de emergencia y debates fiscales previos. Según el gremio, algunas de las disposiciones que podrían adoptarse bajo este mecanismo retoman propuestas que ya fueron discutidas y rechazadas en el trámite legislativo ordinario, lo que ha generado cuestionamientos sobre la vía escogida para su implementación.
En paralelo, distintos actores han anunciado acciones jurídicas ante la Corte Constitucional, con el fin de que se evalúe la legalidad del decreto de emergencia y de las normas que se expidan en su desarrollo. Estas demandas buscan que el alto tribunal revise si se cumplen los requisitos constitucionales para justificar una situación de emergencia y la adopción de medidas excepcionales.
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Malagón también señaló que una mayor intervención del Estado en la actividad económica, derivada de este tipo de decisiones, podría modificar el equilibrio entre el sector público y el privado. En declaraciones recogidas por Portafolio, indicó que “medidas de este tipo termina, en últimas, desplazando al sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento a largo plazo de la economía”.
La declaratoria de emergencia económica faculta al Gobierno para expedir decretos con fuerza de ley durante un periodo limitado, los cuales deberán ser posteriormente revisados por la Corte Constitucional. Mientras tanto, sectores como el financiero continúan evaluando los posibles impactos de las disposiciones que puedan surgir, en especial aquellas relacionadas con impuestos, recaudo y acceso al crédito en Colombia.