El Gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como el Clan del Golfo, adelantan una mesa de conversaciones en Doha, Catar, con el fin de impulsar un acuerdo que pueda desescalar la finalización del conflicto armado en territorio colombiano.
En medio de los dos ciclos realizados en el país asiático, se han avanzado en dos puntos. Uno fue la creación de Zonas de Ubicación Temporal para los integrantes del grupo armado, que implicaría su proceso de desmovilización y reincorporación a la vida civil, así como un protocolo de comunicaciones y de seguridad para la verificación de los alcances del proceso entre las partes.
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Sin embargo, el proceso ha llamado la atención en el país luego de que Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno del presidente Gustavo Petro en la mesa socio jurídica con el EGC, revelara que una de las condiciones que se podrían establecer en el espacio de diálogos es que los líderes de este grupo armado estarían recluidos en centros penitenciarios y carcelarios de Colombia, en caso de que el proceso llegué a buen término.
“Lo único que podemos discutir nosotros son las condiciones y los lugares, pero cárcel va a haber. ¿Cuánta, de qué tamaño? No nos corresponde a nosotros, le corresponde al poder judicial y a los sistemas de justicia transicional que puedan ser aplicables de acuerdo al desarrollo que vayamos obteniendo”, dijo el funcionario en declaraciones a Reuters.
No obstante, esta opción parece que no fue bien recibida por los voceros del grupo armado, al considerar que la medida de aseguramiento es un aspecto que, según ellos, no ha sido tenido en cuenta en la mesa de diálogos en Catar.
En diálogo con Infobae Colombia, Ricardo Giraldo, representante jurídico del EGC, señaló que dicha idea mencionada por Jiménez solo refleja las intenciones del Gobierno nacional en este espacio.
“La decisión sobre si los líderes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) deben ir a prisión corresponde exclusivamente a los miembros de dicha organización. Como abogado externo, que no forma parte del EGC, es importante subrayar que este tema no ha sido abordado en la mesa de negociación durante ninguno de los dos ciclos realizados hasta el momento”, indicó el jurista.
De igual forma, Giraldo enfatizó en que “la postura manifestada por Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno, puede reflejar un deseo personal tanto suyo como del Gobierno nacional, pero hasta ahora no ha constituido un punto tratado por ambas partes en el proceso”.
Avances del proceso de paz
De otro lado, Ricardo Giraldo resaltó los avances que han tenido las conversaciones entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo en Doha (Catar).
Inicialmente, el jurista destacó el apoyo de los países garantes en la mesa de negociación (Catar, Noruega, Suiza y España), así como las organizaciones internacionales que respaldan el proceso con el EGC.
“El proceso de paz entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Gobierno nacional se caracteriza por la participación activa de cuatro países mediadores. Además, cuenta con el monitoreo y verificación a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA), lo que otorga legitimidad y respaldo internacional a las negociaciones”, mencionó el abogado a Infobae Colombia.
Del mismo modo, indicó que, en solo cuatro meses de diálogos, se han logrados puntos en beneficio para las regiones afectadas por el conflicto armado.
“En tan solo cuatro meses de diálogo, el proceso ha logrado impactos tangibles y perceptibles en las regiones. Los avances obtenidos han beneficiado directamente a las comunidades, a las víctimas y a las personas privadas de la libertad, mostrando una capacidad efectiva de respuesta frente a los desafíos planteados”, recalcó.
Igualmente, sostuvo que la transparencia y la confianza entre las partes ha sido determinante para la definición de los dos acuerdos mencionados anteriormente. “La calidad y sinceridad del proceso permiten considerarlo un modelo para futuras iniciativas de paz en el país. Además, creo que nunca un proceso de paz ha tenido tantos interesados, muchos políticos lo atacan y la generalidad de las comunidades lo defienden”, manifestó.
Así mismo, cuestionó a los sectores que rechazan los diálogos entre el Gobierno y el EGC, aseverando que estarían basando su opinión en juicios de valor y no en los logros obtenidos hasta el momento.
“Aquellas voces que no reconocen los avances alcanzados suelen basar sus juicios en perspectivas ideológicas particulares, y no en una visión integral de la complejidad social implicada en la negociación. Por esta razón, resulta fundamental analizar el proceso desde una óptica amplia y comprensiva, que valore sus logros reales y el impacto positivo generado”, expresó.
Clan del Golfo como organización terrorista
Por último, Ricardo Giraldo hizo referencia a la medida establecida por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos en la que incluyó al EGC o Clan del Golfo como una Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), apareciendo en la Lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) o Lista Clinton.
En su visión, el jurista reveló que es una postura que se previsualizaba, recordando que el presidente Gustavo Petro había exigido esta petición al gobierno norteamericano.
“La determinación del gobierno de los Estados Unidos de designar al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) como grupo terrorista internacional era, en muchos sentidos, un hecho previsible. Este escenario se entiende mejor al recordar que, en ocasiones previas, incluso el presidente Petro había solicitado que dicho grupo fuera designado como organización terrorista. Por lo tanto, resulta incoherente mostrarse sorprendido ante esta medida, especialmente considerando que distintos sectores políticos colombianos de izquierda, derecha y centro- venían exigiendo su inclusión”, explicó Giraldo a Infobae Colombia.
Además, recalcó que la inclusión del grupo armado en el listado norteamericano obedece, según él, a una decisión política que judicial. “La inclusión del EGC en la lista no puede considerarse sorpresiva, sobre todo si se analiza el contexto del nuevo orden geopolítico regional y el enfoque contemporáneo sobre la lucha contra la macrocriminalidad (...) La discusión sobre el terrorismo rebasa el plano jurídico y se traslada al terreno político, donde sus consecuencias adquieren una dimensión claramente diversa”, agregó.
Incluso, el jurista sostuvo que, a diferencia de otras organizaciones armadas, el EGC “no dirige sus ataques hacia infraestructuras privadas o estatales, ni persigue un cambio en el modelo político o económico nacional; según ellos, su lucha se centra en las comunidades históricamente desatendidas por el Estado. No utilizan bombas, ni incendian autobuses, ni emplean las tácticas tradicionales de guerra propias de las autodenominadas guerrillas”.
A su vez, enfatizó que la medida de la Casa Blanca no interfiere en el proceso de paz con el Gobierno Petro, pero advirtió que la decisión de mantener o suspender las conversaciones está en manos del presidente Gustavo Petro.
“Tanto el Gobierno nacional como los países mediadores cuentan con una amplia experiencia en la gestión de negociaciones con grupos armados que han sido catalogados como terroristas (...)la continuidad de las negociaciones recae en la decisión del Gobierno de Gustavo Petro. Será el Ejecutivo colombiano quien determine si el proceso de negociación sigue adelante, teniendo en cuenta el contexto internacional y el respaldo de los países mediadores”, resaltó.
Incluso, rememoró los procesos realizados por los países garantes, en las que reseñó que en ninguno se suspendieron los diálogos con grupos alzados en armas.
“Por ejemplo, Qatar ha demostrado ser exitoso en escenarios de mediación complejos, actuando como intermediario entre Hamas e Israel, así como entre los talibanes, el gobierno afgano y Estados Unidos. Noruega fue uno de los primeros países de Europa en ofrecerse como anfitrión para las negociaciones con las antiguas Farc, y facilitó los diálogos que arrancaron oficialmente en Oslo en 2012, aunque por entonces el grupo era considerado terrorista (...) Este historial evidencia que la designación de un grupo como terrorista no representa un obstáculo insalvable para los mediadores internacionales”, puntualizó.
Frente a los próximos ciclos de conversaciones, Ricardo Giraldo expresó que se encuentra bajo confidencialidad, según lo acordado con el Gobierno de Gustavo Petro.