Datacrédito y centrales de riesgo: así serán eliminados los reportes negativos con esta nueva ley

La actualización normativa que rige a las centrales de información crediticia en el país introdujo un mecanismo diseñado para corregir de manera expedita los reportes negativos derivados de conductas delictivas.

La decisión, avalada recientemente por la Corte Constitucional, obliga a Datacrédito y TransUnion a retirar los registros cuando se confirme que la persona reportada fue víctima de un proceso de suplantación.

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Con esta instrucción, se busca reducir los efectos que los fraudes digitales han tenido sobre los ciudadanos, especialmente en un contexto donde los delitos informáticos crecen a un ritmo acelerado y generan impactos directos en la vida financiera de quienes resultan afectados.

En el sistema crediticio colombiano, estas entidades cumplen un papel fundamental como administradoras de la información relacionada con el comportamiento de pago.

El análisis que realizan tiene consecuencias en el acceso a productos bancarios, la aprobación de créditos y la firma de contratos con empresas de bienes y servicios. Por esta razón, la aparición de anotaciones negativas genera un deterioro inmediato del puntaje y limita las posibilidades financieras en diversos sectores.

La ley establece plazos para la permanencia de registros desfavorables, pero los casos vinculados con errores o suplantaciones han representado un desafío creciente para la protección de datos personales.

El incremento de los incidentes asociados a fraudes digitales, muchos de ellos impulsados por tácticas sofisticadas de los ciberdelincuentes, ha dejado a miles de personas enfrentando procesos largos para demostrar que no adquirieron determinadas obligaciones.

Para estos ciudadanos, la presencia de un reporte adverso significa quedar prácticamente excluidos del sistema financiero formal. De allí que la nueva disposición haya sido planteada como una respuesta necesaria para evitar que un hecho delictivo genere consecuencias prolongadas en la vida económica de un individuo inocente.

La normativa instruye a los burós para que, una vez verificado el caso, eliminen el dato negativo sin demoras adicionales.

El procedimiento establecido contempla varios pasos que la persona afectada debe cumplir. El primero consiste en presentar la denuncia ante la Fiscalía, con el fin de dejar constancia de que la obligación cuestionada no fue adquirida por ella.

En paralelo, es necesario informar a la entidad financiera involucrada, remitiendo la denuncia y los documentos que soporten la afirmación de que se trató de un caso de falsedad personal. Una vez la institución reciba la notificación, cuenta con un plazo de diez días hábiles para revisar la información y enviar a las centrales crediticias la solicitud de eliminación del registro.

Una característica relevante de la medida es la creación de una anotación especial que reemplaza el dato eliminado. En vez del registro negativo, el historial reflejará la frase “Víctima de Falsedad Personal”, la cual no tendrá efectos sobre el puntaje crediticio ni podrá ser interpretada como un indicio de incumplimiento.

Este mecanismo fue diseñado para garantizar que los antecedentes fraudulentos no afecten decisiones crediticias posteriores, dando al ciudadano una herramienta definitiva para proteger su reputación financiera frente a terceros. La anotación cumple también una función informativa para las entidades que consultan la historia de crédito.

Además de la supresión del dato, la norma exige a las entidades financieras detener cualquier proceso de cobro asociado a la deuda objeto de investigación. La obligación de suspender los trámites está alineada con la intención del legislador de evitar que la víctima de suplantación reciba presiones o comunicaciones relacionadas con un compromiso que no contrajo.

También obliga a los bancos a restablecer la integridad del historial del usuario, lo que implica ejecutar los ajustes requeridos para que no persistan impactos derivados del reporte fraudulento. Esta dinámica pretende restituir por completo el buen nombre crediticio y asegurar la estabilidad del afectado.

La iniciativa fue impulsada por el Gobierno y el Congreso como parte de una estrategia para fortalecer las defensas frente a los delitos informáticos. Las autoridades han señalado en distintas oportunidades que los casos de usurpación han aumentado en el país, generando efectos económicos y emocionales considerables.

Con la legislación validada, se crea un estándar que obliga a la cooperación entre instituciones financieras, autoridades judiciales y centrales de riesgo para corregir rápidamente los registros asociados a fraudes, contribuyendo a un entorno más seguro para los usuarios del sistema financiero nacional.