La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó la apertura de investigaciones penales y disciplinarias contra la fiscal Lucy Laborde, responsable de los procesos judiciales que involucran a Nicolás Petro.
Esta petición surge a raíz de una supuesta obstrucción a las órdenes emitidas por la propia Comisión y por lo que se considera una dilación injustificada en la realización de una inspección clave, programada para el 18 de noviembre de 2025, en el contexto del proceso que se adelanta contra el presidente Gustavo Petro por presunta financiación ilegal durante la campaña electoral de 2022.
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El documento, al que tuvo acceso la sección judicial de Caracol Radio, señala que la fiscal Laborde habría interferido en el cumplimiento de la función constitucional de investigación y habría incurrido en una violación de sus deberes funcionales. La situación se remonta a la mañana del 18 de noviembre, cuando se celebraba una audiencia para solicitar la revocatoria del principio de oportunidad concedido a la testigo Day Vásquez. Dicha diligencia fue suspendida luego de que la fiscal argumentara que debía atender la inspección ordenada por la Comisión de Acusaciones.
No obstante, según el informe secretarial remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, mientras transcurría la audiencia, la fiscal Laborde no informó al juez que, a través de un mensaje informal por WhatsApp, había decidido aplazar la inspección. El reporte indica que la fiscal manifestó su imposibilidad de asistir a la inspección, prevista para las 2:00 p. m. , debido a que tenía programada una audiencia a esa misma hora.
Para los investigadores de la Comisión de Acusaciones, la actuación de la fiscal Laborde constituye, presuntamente, una dilación injustificada de la diligencia. La inspección había sido ordenada en el marco del proceso contra el presidente Petro por la supuesta financiación irregular de su campaña, y se requerían piezas procesales vinculadas a ese caso. Con el objetivo de asegurar la seriedad de la actuación judicial, la Comisión había delegado la realización de la inspección a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla.
El documento conocido por el medio citado advierte: “Desatender un Despacho Comisorio de esta Comisión por un canal informal, eludir la formalización de la suspensión y guardar silencio cuando la defensa y el Juez de Garantías discuten una audiencia que se suspende precisamente para acudir a la inspección, no es compatible con ese estándar. Es legítimo preguntarse si estamos ante una simple descoordinación o ante una conducta que amerita ser examinada como eventual falta gravísima”.
Frente a estos hechos, la Comisión de Acusaciones solicitó formalmente a la Comisión de Disciplina y a la Fiscalía que inicien investigaciones sobre la conducta de la fiscal encargada del caso de Nicolás Petro.
Defensa de Nicolás Petro denunció presuntas irregularidades de la Fiscalía
Alejandro Carranza, abogado del hijo del presidente Petro, advirtió que el magistrado se vio obligado a movilizarse en un vehículo de aplicaciones digitales y sin escoltas, debido a fallas en el automóvil asignado por la Unidad Nacional de Protección. Carranza instó a las autoridades a garantizar la protección del juez, especialmente cuando el juicio se encuentra en una etapa decisiva.
Durante la inspección realizada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el despacho de la fiscal Lucy Marcela Laborde, surgieron obstáculos logísticos y de acceso a pruebas fundamentales. Carranza denunció que la mayoría de los elementos probatorios clave no estuvieron disponibles para su entrega en la diligencia. Según su testimonio, la Comisión no pudo acceder a “ni el 80% de las pruebas solicitadas”, y la fiscal Laborde carecía incluso de las declaraciones juramentadas de Nicolás Petro y Day Vásquez.
El abogado detalló que la ausencia de este material afecta directamente la investigación sobre el presunto vínculo de Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, con la financiación de la campaña de su padre. Carranza precisó:
“Todas las evidencias de las declaraciones y entrevistas bajo juramento que tomaron los investigadores Forero y el fiscal Mario Burgos no las tenía. Tampoco tenía ningún video, ningún link, no tenía nada para entregarle a la Comisión. Entonces a la Comisión le toca pedírselos a la Fiscalía central para ver si de pronto ellos sí acceden a colaborar en la investigación. Tampoco tenía las audiencias, ninguna de las audiencias que hemos hecho. El 80% ó 90% de las cosas que teníamos que recaudar, que eran todas las entrevistas en video y todas las audiencias, pues no se pudieron recaudar”, según relató Carranza.