Estos son los tres conjueces que decidirán sobre la campaña de Petro en el CNE: ya hay fecha del fallo

El estudio del caso sobre la financiación de la campaña presidencial de 2022 quedó en manos de conjueces, luego de que la sala del Consejo Nacional Electoral no alcanzara una mayoría para tomar una decisión

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Los conjueces fueron posesionados en 2023 y hacen parte del grupo de 17 profesionales que reemplazan a magistrados en caso de empate o conflicto de intereses - crédito Juan Arias/Infobae

La definición del expediente por la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro quedó nuevamente en suspenso tras la última sesión del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que no se alcanzaron los votos necesarios para adoptar una sanción o archivar el caso. Ese escenario activó el mecanismo de integración de conjueces, quienes deberán asumir el estudio de la investigación y participar en la próxima votación.

En esta oportunidad fueron llamados Jorge Iván Acuña, Majer Nayi Abushihab y Fernando Guzmán, tres abogados posesionados en 2023 como parte del grupo de 17 conjueces del organismo. Su tarea consiste en revisar nuevamente el caso y definir si procede una sanción o si debe archivarse la investigación. La nueva votación quedó programada para el 20 de noviembre.

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Según la defensa de la campaña, los términos de investigación se encuentran vencidos y no queda otro escenario distinto al archivo del expediente. Sin embargo, los magistrados investigadores sostienen que cuentan con tiempo debido a lassuspensiones ordenadas mientras altas cortes resolvían demandas y precisaban los alcances del CNE, en particular sobre la posibilidad de investigar a un presidente en ejercicio.

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¿Quiénes son los conjueces citados para resolver el expediente?

La nueva votación del expediente fue programada para el 20 de noviembre - crédito Freepik

Un conjuez es un abogado externo que reemplaza temporalmente a los magistrados cuando existe un empate o un conflicto de intereses. Su función consiste en votar y firmar decisiones cuando la sala regular no reúne mayoría suficiente. Acuña, Abushihab y Guzmán fueron citados debido al bloqueo registrado en la última deliberación, lo que obligó al CNE a activar este mecanismo excepcional.

  • Jorge Iván Acuña, representante suplente de la magistrada Fabiola Márquez, ha desarrollado su carrera en temas administrativos y disciplinarios. Su experiencia incluye cargos como auditor general delegado en la Contraloría General de la República y secretario general del Incora antes de su liquidación. También ha ejercido como conjuez del Consejo de Estado y del propio CNE en distintos periodos. Es abogado con especialización en Derecho Administrativo y ha estado vinculado a sectores liberales, aunque su postulación al organismo fue promovida por el Pacto Histórico.
  • Majer Nayi Abushihab, del entorno del magistrado Álvaro Hernán Prada, es abogado de la Universidad del Rosario con trayectoria en temas de lavado de activos, cooperación internacional y corrupción. Ha sido consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, asesor en la Fiscalía General de la Nación y litigante en procesos de alto perfil. Cuenta con una maestría en derecho con énfasis en litigación oral de la California Western School of Law, en Estados Unidos. Además, ha sido profesor universitario en programas de pregrado y posgrado en el Rosario y en la Universidad Continental del Perú.
  • Fernando Guzmán, cercano al despacho de la magistrada Alba Lucía Velásquez, es abogado de la Universidad Nacional y ha ocupado cargos directivos en distintas entidades públicas. Su experiencia incluye funciones en Asocapitales, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap). Su trayectoria ha estado asociada a temas de contratación estatal y regulación administrativa.
El expediente analiza posibles aportes no reportados y excedentes en los topes de la campaña de 2022 - crédito Jesús Aviles/Infobae

Cabe recordar que en 2024, el CNE formuló cargos contra Gustavo Petro, el gerente Ricardo Roa, la tesorera, los auditores y las colectividades que integraron la coalición de su campaña presidencial. Los investigadores del caso determinaron que, durante la primera vuelta, se presentó una omisión en el reporte del aporte de Fecode por valor de 500 millones de pesos. También se registró la omisión de pagos a testigos electorales por 931’290.000 pesos y otra omisión de dineros provenientes de la USO por 121’544.000 pesos.

En total, las fuentes prohibidas sumaron 1.552 millones de pesos en esa etapa de la campaña.

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