El Gobierno de Colombia comunicó el 8 de octubre de 2025 que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas logró la adopción por consenso de la resolución “Las implicaciones de las políticas de drogas en los derechos humanos”, impulsada por Colombia junto a 40 naciones copatrocinadoras.
Al respecto, el presidente Gustavo Petro calificó el anuncio como uno de los mayores logros de Colombia en temas diplomáticos.
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“Este es uno de los mayores triunfos diplomáticos de Colombia. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de determinar por resolución, que las políticas públicas sobre drogas tienen implicaciones sobre los derechos humanos”, indicó Gustavo Petro.
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Según el jefe de Estado, la decisión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas implicaría que no se ataque a personas en aguas internacionales.
“Esto implica que no se debe bajo una política de drogas asesinar civiles en aguas internacionales, perjudicar los derechos humanos de consumidores o campesinos productores#, expresó el mandatario colombiano.
Asimismo, catalogó lo sucedido como una victoria “del progresismo colombiano para la humanidad”.
Detalles de la decisión
El Gobierno de Colombia afirmó que esta medida representa una señal relevante sobre el direccionamiento de las políticas internacionales en drogas y derechos humanos.
“El consenso alcanzado hoy en el Consejo de Derechos Humanos envía un mensaje claro: las políticas de drogas deben respetar la dignidad humana y los derechos fundamentales”, sostiene la posición oficial de Colombia, que además agradeció el respaldo de los países al acompañar la declaración.
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La aprobación ocurrió durante el 60º período de sesiones del órgano de Naciones Unidas, donde Colombia ratificó su “compromiso con políticas de drogas centradas en la dignidad humana, con perspectiva de género, salud pública y evidencia científica”.
De acuerdo con el Gobierno nacional, la resolución reconoce los “impactos profundos que tienen las políticas de drogas en derechos como la salud, la vida, la igualdad y la no discriminación”, elementos que se consideran determinantes en el debate internacional.
La resolución presentada promueve también la construcción de respuestas “más humanas y eficaces”, en palabras del Ejecutivo colombiano, a los desafíos originados por el narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Este enfoque da pie a una nueva etapa en la discusión sobre alternativas a los modelos punitivos.
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El documento insistió en que “las políticas de drogas no pueden concebirse como guerras”. El texto insta a que los enfoques sean “integrales, equilibrados y humanos, guiados por las obligaciones internacionales de derechos humanos”.
En consonancia con esa postura, Colombia reiteró su solicitud para que la comunidad internacional adopte políticas antidrogas “con perspectiva de derechos humanos”, dando prioridad a la protección de la dignidad y la vida de las personas, según el texto.
La nueva resolución afirmó que la problemática de las drogas requiere soluciones intersectoriales e integradas, lo que implica colaboración entre entidades nacionales e internacionales del ámbito de derechos humanos y organismos de fiscalización de estupefacientes.
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“El Estado colombiano promueve la articulación entre salud pública, desarrollo sostenible y derechos humanos en las políticas de drogas”, se lee en el pronunciamiento emitido tras la votación del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Además, el documento destacó que este enfoque fortalece la cooperación entre “mecanismos de derechos humanos y la Comisión de Estupefacientes”, organismos que intervienen en la elaboración de marcos regulatorios y estrategias globales sobre drogas.
Las autoridades indicaron que la aprobación del texto marca un punto de inflexión respecto a paradigmas previos donde la represión y la confrontación armada eran predominantes en la lucha contra el narcotráfico.
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Como enfatizó el Gobierno nacional, la iniciativa busca que las políticas futuras incluyan criterios científicos y atendan dimensiones sociales, sanitarias y de género, y queden alineadas con obligaciones internacionales de protección a los derechos fundamentales.
Por último, Colombia celebró el apoyo recibido y lo consideró un avance en la búsqueda de alternativas para reducir los impactos negativos de las políticas prohibicionistas, reafirmando su compromiso con el acompañamiento, revisión y cooperación dentro del sistema internacional de derechos humanos.