Caso Harold Aroca expone negligencia operativa en Bogotá: destapan presuntos vínculos entre autoridades y bandas criminales

El caso de Harold Aroca García, adolescente de 16 años hallado sin vida en una zona boscosa del barrio Los Laches, en el suroriente de Bogotá, encendió las alarmas sobre la respuesta de las autoridades ante desapariciones de menores y evidenció graves deficiencias en los protocolos institucionales de búsqueda y protección de la infancia urbana.

El joven, reportado como desaparecido desde el 5 de agosto, fue encontrado cinco días después con signos evidentes de violencia y bajo circunstancias que han sido objeto de amplio debate en el Concejo Distrital. Este panorama fue revisado en debate de control político convocado por los cabildantes José del Carmen Cuesta Novoa y Ana Teresa Bernal, miembros de la bancada Colombia Humana, quienes cuestionaron severamente a las autoridades distritales por presuntas omisiones e insuficiencia de las acciones institucionales.

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Cuesta reclamó que, a pesar de la advertencia inmediata de secuestro hecha por la familia en Los Laches, la activación del protocolo de búsqueda fue tardía y descoordinada.

“El Distrito tuvo acceso a cámaras de seguridad que registraban el secuestro, pero no actuó de manera inmediata. Eso evidencia una clara negligencia institucional”, afirmó.

La familia de Harold y organizaciones de derechos humanos asumieron la búsqueda inicial por sus propios medios y fueron finalmente quienes localizaron el cuerpo, lo que originó fuertes críticas por parte de los cabildantes. En el debate, Bernal subrayó que “este no es un ajuste de cuentas entre criminales; es la vida de un adolescente que debería estar estudiando y construyendo su proyecto de vida, no siendo instrumentalizado por la violencia”.

Durante la sesión, se advirtió que el caso de Harold no es un hecho aislado, sino parte de un escenario creciente de criminalidad que afecta a la juventud bogotana, incluyendo la instrumentalización de niños y adolescentes por grupos delincuenciales. Los concejales resaltaron la urgencia de reforzar medidas de protección efectiva hacia la población menor de edad en la ciudad.

Entre los hallazgos más significativos presentados ante el Concejo, Cuesta relató la historia de cómo la familia accedió al video del secuestro de Harold, situación protagonizada por menores de edad presuntamente instrumentalizados por criminales para entregar la grabación al padre del joven. El material evidenciaba la presencia de una banda armada alrededor de la víctima en el momento de su retención.

El cabildante recreó el trayecto seguido por Harold, acompañado por defensores de derechos humanos, y detectó la existencia de varias cámaras de seguridad operativas en la zona, así como viviendas custodiadas por guardias contratados por el Acueducto de Bogotá. La comunidad señaló que a la hora en la que, según la Fiscalía General de la Nación, fue cometido el homicidio—entre las 3:00 y las 4:00 p.m. del 6 de agosto—se escucharon disparos en la zona. Testimonios de vigilancia y residentes, recogidos por el concejal, presentaron contradicciones sobre los hechos, generando inquietudes respecto a un posible ocultamiento de información.

El informe del CTI consignó que en el bolsillo del pantalón del joven se encontró un papel con la nota “Ja, ja, ja. Eso le pasa por sapo”. Cuesta denunció que dicha evidencia no fue preservada y que la cadena de custodia se vulneró, hecho que impidió realizar un análisis grafológico que podría haber arrojado pistas sobre los perpetradores.

A las fallas institucionales en investigación y protección se sumó el señalamiento de presuntos vínculos entre el CAI de Los Laches y estructuras criminales locales dedicadas al tráfico de estupefacientes, en particular “Tusi”. El cabildante también cuestionó la reacción del alcalde Carlos Fernando Galán, argumentando que “si el Distrito Capital hubiera utilizado todo el poder institucional a su alcance, hoy Harold Aroca García estaría vivo y con sus sueños intactos”. Formuló preguntas directas sobre la ausencia de búsqueda masiva, recompensas e implementación de tecnologías como drones o sobrevuelos, y criticó el silencio institucional durante varios días tras la desaparición del menor.

El distrito expresó condolencias a la familia y prometió fortalecer la coordinación y la celeridad en la atención de estos casos. El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, reconoció el deceso de Harold como “un fracaso del Estado” y garantizó el acompañamiento institucional para los procesos de denuncia, atención psicosocial y búsqueda de justicia.

Mientras tanto, organizaciones sociales y concejales solicitaron garantías para el derecho a la vida, la integridad y la protección especial de niños, niñas y adolescentes. El caso de Harold dejó en evidencia severas falencias en las rutas de búsqueda, falta de compromiso interinstitucional y la ausencia de una reacción compasiva y ágil frente a las desapariciones de menores en Bogotá.