Estados Unidos ha incrementado su presencia militar en el mar Caribe, desplegando ocho buques, siete barcos y un submarino de propulsión nuclear, además de enviar aviones caza F-35 a Puerto Rico.
Según declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde principios de septiembre de 2025 las fuerzas estadounidenses han destruido tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas desde Venezuela, con un saldo de 14 muertos.
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En reacción a las medidas del país norteamericano, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, cuestionó abiertamente la legitimidad y proporcionalidad de estas operaciones. “Lo que vemos es una presencia desproporcionada militar en la región que nada tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico”, sostuvo en diálogo con AFP.
A su vez, criticó los ataques a embarcaciones, señalando que “el bombardeo a las embarcaciones (...) nos parece que no es la manera desde el punto de vista de la legalidad”. Incluso, recordó que esta postura también ha sido objetada por Naciones Unidas, por lo que señaló que Colombia apuesta por la captura de los presuntos narcotraficantes y rechaza “la muerte de esa manera”.
La preocupación por una posible intervención militar estadounidense en la región ha crecido, especialmente en Venezuela. Villavicencio aseguró que, ante ese escenario, Colombia recurriría a instancias internacionales para garantizar el respeto al derecho internacional.
Aunque el Gobierno colombiano no reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro tras las elecciones de julio de 2024, la canciller enfatizó que su país defenderá la soberanía venezolana. “Por supuesto, Venezuela está preocupada, como está toda la región, por la posibilidad de una intervención. Nosotros defendemos la soberanía de la región y reafirmamos la declaración de América Latina como territorio de paz, por eso no se corresponde esa presencia desmesurada militar en la región”, declaró al medio citado.
La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas
La canciller Rosa Villavicencio se refirió a la decisión de Estados Unidos de retirar la certificación de Colombia como aliado en la lucha antidrogas, lo que generó una fuerte reacción en el Gobierno colombiano y los sectores más importantes del país.
Para la ministra de Relaciones Exteriores, la resolución estadounidense es una sanción política y no técnica, que calificó de “injusta”, por lo que defendió la continuidad de la política antidrogas de su país, a pesar de las presiones externas.
A la par, la funcionaria subrayó que la exclusión de Colombia de la lista de naciones que combaten el narcotráfico, anunciada por el presidente Trump, no implica la interrupción de la cooperación bilateral, ya que se mantiene una exención de sanciones que permite la continuidad de la asistencia económica y militar. “Está claro que fue una decisión política, para condenar al presidente”, afirmó Villavicencio a AFP, al tiempo que insistió en que “no vamos a cambiar nuestra política, vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo porque es eficaz”.
Bajo la misma línea, Armando Benedetti, ministro del Interior, sostuvo que la decisión del Gobierno de Donald Trump no constituye una evaluación objetiva de los esfuerzos antidrogas del país, sino que responde a intereses políticos en el contexto de las próximas elecciones.
El alto funcionario subrayó que, a pesar de la descertificación, el apoyo económico de Estados Unidos a Colombia se mantiene y que el compromiso tanto del Gobierno como de la fuerza pública en la lucha contra el narcotráfico ha sido genuino.
“Esta no es una descertificación a la lucha contra el narcotráfico de Colombia, sino contra el presidente @petrogustavo. Es una decisión política de Estados Unidos y que tendrá que resolverse a través de canales diplomáticos. El apoyo económico se mantiene y el compromiso del Gobierno y la fuerza pública ha sido real para combatir el narcotráfico”, escribió el titular de la cartera en su cuenta de X.
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