Un escándalo de gran magnitud sacude a la Iglesia católica en Colombia tras la confesión de un sacerdote sobre el desvío de casi 3.000 millones de pesos, fondos que, según admitió, destinó a beneficiar a un joven y a su familia.
El caso, que involucra a la Congregación de Padres Vicentinos y ha salpicado a figuras políticas como el gobernador de Cundinamarca Jorge Emilio Rey, ha generado conmoción tanto en círculos religiosos como en la opinión pública, según reveló Semana.
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El epicentro de la controversia es el padre Héctor Vidal, quien, en un juicio canónico, reconoció haber utilizado recursos de la Congregación para fines personales y para ayudar a Leonardo Bernal, un joven “amigo” suyo, así como a los familiares de este.
La investigación se remonta a 2009, cuando la víctima, una gestora de tierras cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad y que está representada por el abogado Ricardo Burgos, fue contactada por Vidal para resolver problemas legales relacionados con una propiedad de 6.000 hectáreas en Mapiripán, Meta.
La relación entre ambos se había forjado años antes, cuando eran vecinos en Facatativá, y la mujer trabajaba como gestora ante el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
El acuerdo inicial contemplaba que la gestora recibiría 6 millones de pesos mensuales, pagaderos de forma retroactiva una vez que se concretara la venta de las tierras, que la Congregación esperaba colocar en manos del Estado para beneficiar a víctimas del conflicto armado. Sin embargo, tras nueve años de trámites, surgieron tensiones entre la víctima y José Orlando Escobar, representante legal de la comunidad religiosa.
La mujer relató al medio mencionado que, en una reunión, fue amenazada con una denuncia por estafa debido a la supuesta falta de perfeccionamiento de los negocios y fue acusada de apropiarse de cerca de 3.000 millones de pesos, así como de mantener una relación sentimental con el padre Vidal.
Pese a sus intentos de aclarar la situación ante la Congregación, en diciembre de 2018 el abogado Iván Alfaro, quien también ha sido mencionado en otros escándalos de corrupción, presentó una denuncia ante la Fiscalía por estafa y enriquecimiento ilícito en nombre de la sociedad religiosa.
El padre Diego Luis Vásquez, visitador provincial en Colombia, designó a Alfaro como representante judicial. No obstante, Semana documentó que, tres meses antes de esa denuncia, el propio Vidal había confesado en un proceso interno de la Iglesia que se había apropiado de parte del dinero “para gastos personales y para la ayuda del joven Leonardo Bernal y su familia”.
La confesión de Vidal dejó en evidencia que la acusación contra la gestora de tierras carecía de fundamento, ya que el desvío de fondos había sido perpetrado por el propio sacerdote.
En el proceso judicial eclesiástico, Vidal detalló que la mujer contratada para sanear las tierras desconocía sus acciones y que ni Bernal ni su familia sabían el origen de las ayudas recibidas.
El sacerdote explicó que tomaba dinero de las cuentas de la comunidad y lo transfería a cuentas asociadas a la compra de bodegas en la zona franca de la calle 80 en Bogotá. Según el abogado Alfaro, se pagaron más de 2.421 millones de pesos para adquirir esos bienes, pero nunca existió contrato de compraventa, fideicomiso ni promesa de venta.
Vidal admitió ante la Fiscalía que solicitó a la gestora firmar recibos en blanco para justificar los retiros, pero luego los entregó a Bernal para crear una empresa en Cúcuta, arrendar y dotar una oficina, contratar empleados, alquilar un apartamento y comprar un taxi para el padre del joven.
Además, reconoció la compra de un vehículo para Bernal, el pago de sus estudios universitarios y el financiamiento de cursos de inglés en Estados Unidos para sus hermanos, así como parte de la carrera universitaria de uno de ellos en Argentina. El sacerdote también reconoció haber falsificado firmas en los recibos.
La víctima, tras ser denunciada, presentó ante la Fiscalía un documento por falsa denuncia, argumentando que la Congregación y sus representantes sabían desde antes de la denuncia que el responsable era el padre Vidal, y no ella. En su declaración, la mujer sostuvo que la denuncia en su contra fue temeraria y carente de respeto por la justicia.
El escándalo alcanzó una nueva dimensión cuando, en el marco del juicio canónico, Vidal mencionó un acuerdo con el entonces alcalde de Funza, Jorge Emilio Rey, actual gobernador de Cundinamarca, para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y facilitar la venta de terrenos de la Congregación.
Según Vidal, la Alcaldía de Funza proyectó la organización de vías, la construcción de un parque deportivo y de un colegio, lo que llevó a conversaciones directas con Rey.
El sacerdote aseguró que existía un acuerdo verbal para reestructurar las vías que afectaban el Seminario de Villa Paúl y, de paso, vender los predios. Personas cercanas al caso advirtieron al medio mencioando que esta confesión podría indicar un posible “volteo” de tierras para su negociación.
Consultado por el medio mencionado, el gobernador Rey negó cualquier favorecimiento a la comunidad religiosa mediante la modificación del uso del suelo, afirmando que los predios siguen siendo rurales desde hace 50 años y que, aunque existía una expectativa de cambio por parte de la Congregación, nunca se concretó.
Mientras tanto, ni el padre Héctor Vidal, señalado como el principal responsable del desvío de fondos, ni el padre Arley Cardona Salazar, actual director de la Congregación de Padres Vicentinos en Colombia, se han pronunciado.