La nueva ley de financiamiento del Gobierno nacional genera preocupación por los posibles impactos negativos que tendría sobre la energía, la sostenibilidad y el bolsillo de los colombianos.
Dentro de la ley se contempla un impuesto del 1% a la extracción de combustibles fósiles, así como un gravamen progresivo a la gasolina. Adicionalmente, se prevé un incremento en los biocombustibles, derivado del impacto que esta normativa tendría, en particular, sobre el etanol.
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A estas medidas se suma otra proyección del Gobierno: un decreto que incrementaría en un 20% las tarifas de energía para el sector industrial, lo que también afectaría a las empresas generadoras.
Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el director de la Red Nuclear Colombiana e investigador en temas de energía y sostenibilidad, Camilo Prieto Valderrama, habló de los riesgos para la energía y la sostenibilidad del país que estos proyectos representan.
“En conjunto, estas disposiciones constituyen señales de desestímulo tanto para nuevos proyectos como para la expansión de los ya existentes”, indicó Prieto Valderrama en primer lugar.
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En ese sentido, agregó que uno de los riesgos más latentes de los proyectos es que los colombianos tengan que pagar más por la energía, que terminará afectando no solo a las personas con más dinero, como ha descrito sobre el proyecto de ley el Gobierno nacional.
“Cuando se restringe la oferta de energía, se genera un desbalance, ya que la demanda continúa en crecimiento mientras la capacidad de oferta se limita. Esto produce un déficit entre la energía requerida y la disponible, lo que inevitablemente conduce a un aumento en el costo del kilovatio-hora que al final pagarían los colombianos”.
Cabe recordar que, un kilovatio-hora es la unidad de medida de la energía eléctrica que se consume o produce. Se define como la cantidad de energía utilizada por un aparato de 1 kilovatio (1000 vatios) de potencia que funciona durante una hora.
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El investigador indicó que, desde su análisis, el gobierno no tiene contemplada la tecnología de los vehículos híbridos como una tecnología como una alternativa hacia la descarbonización, lo que debería generar preocupación, puesto que, aunque no son eléctricos en un 100%, estos automotores generan significativamente menos emisiones.
Prieto argumentó que varias de estas tecnologías tienen hasta un 40% menos de emisiones comparadas a los vehículos de combustión interna. “Si no son claros con varios conceptos tecnológicos, puede que también se vea incrementado el precio de los cargadores de los vehículos eléctricos, es necesario que no se comprometa la descarbonización del país”.
El experto explicó que los vehículos híbridos ofrecen múltiples beneficios, que su impulso ha sido una medida altamente exitosa en otros países, en los que la promoción de carros eléctricos e híbridos permitió mejorar los niveles de la calidad del aire y reducir los niveles de polución.
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De otro lado, manifestó que la redacción actual de la ley de financiamiento podría inducir a que quienes quieren adquirir vehículos nuevos opten por el diésel, debido a la diferencia de precios respecto al valor de los híbridos y al de los que usan gasolina.
“Cómo está planteada tiene varios riesgos”, indicó Prieto, que sumó que, en el contexto actual del país, la ley de financiamiento no solo plantea un impacto directo en los costos de la energía y en el bolsillo de los colombianos, sino que también genera un retroceso en las metas de descarbonización y transición energética del país.
El experto afirmó que esta podría desincentivar la inversión en proyectos de generación, limitar el acceso a tecnologías limpias y encarecer la movilidad sostenible.
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