El debate sobre la sostenibilidad fiscal en Colombia no se limita al gasto del Gobierno ni al déficit presupuestal. Otro factor, menos visible pero de proporciones gigantescas, avanza en los tribunales, las demandas contra el Estado. Según cifras oficiales, con corte a junio de este año, las pretensiones ya superaban los $750 billones, un monto que refleja un aumento del 22% en términos reales frente a lo registrado a finales de 2019.
Ese volumen de litigios constituye, en la práctica, un pasivo contingente que, si llegara a materializarse, presionaría aún más unas finanzas públicas que ya operan con un margen estrecho. Así lo advirtió el centro de estudios económicos Anif, al señalar que, “sin duda, estas cifras sobrepasan las capacidades fiscales del Estado”.
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Las controversias no solo crecieron en número, también en el valor de sus pretensiones. Un ejemplo son los 43 procesos activos iniciados por empresas mineras en los primeros seis meses del año. Alegan planificación inadecuada, decisiones erróneas y cambios regulatorios que modificaron las condiciones de títulos y licencias. El monto en discusión alcanza los $3,82 billones.
Otro caso reciente es la demanda de los accionistas del grupo Keralty, que cuestionaron la intervención de la EPS Sanitas y aseguraron haber sufrido perjuicios cercanos a $5 billones. A ello se suma la controversia con la firma estadounidense Sea Search Armada, que exige $37 billones por la ubicación del Galeón San José, hallazgo que asegura haber realizado en 1982.
Los conflictos, sin embargo, no se limitan a grandes compañías o disputas de alto perfil. Litigios laborales, reclamos en el sector educativo y controversias derivadas de decisiones administrativas representan una parte significativa del panorama judicial, lo que amplía los riesgos fiscales a casi todos los frentes del Estado.
La curva de crecimiento en el número de demandas es otra señal de alerta. Entre 2015 y 2020 el promedio de procesos activos rondaba los 13.300 al año, pero en 2024 la cifra saltó a 69.900. Y en lo corrido de 2025 ya se contabilizan 28.700 casos, con la proyección de que al cierre del año el número llegue a 57.400. El aumento es tan marcado que Anif calcula que el pasivo por sentencias y conciliaciones desfavorables podría bordear los $29 billones, equivalentes al 1,6% del PIB. Aunque no implican pagos inmediatos, sí representan compromisos futuros que reducen el margen de maniobra de la política económica y afectan la confianza en la estabilidad del país.
Frente a este panorama, la defensa jurídica del Estado juega un papel crucial. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró avances importantes, en 2024 obtuvo un 88,2% de fallos favorables, un resultado muy superior al 46,4% alcanzado en 2019. Sin embargo, el aumento en el número y valor de litigios supera con creces esa mejora.
Otro punto de fragilidad es el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, creado para cubrir pasivos derivados de sentencias adversas. Este año no recibió aportes del Presupuesto General, y aunque el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025 reportaba un saldo cercano a $6 billones, cálculos de Anif sugieren que el monto real es menor, dejando al país más expuesto frente a un escenario adverso.
Para el centro de pensamiento, el reto no se limita a litigar bien en los estrados. También implica reducir la inseguridad jurídica derivada de decisiones de política pública, muchas veces tomadas sin evaluar a fondo sus riesgos. “La materialización de estos pasivos puede afectar las cuentas fiscales, limitar la política económica y deteriorar la credibilidad del Estado frente a inversionistas y ciudadanos”, puntualizó Anif en su último informe.