La Personería Distrital de Cali inició una investigación sobre presuntas irregularidades y un posible conflicto de intereses en la gestión de locales del Centro Comercial Panamá por parte de las Empresas Municipales de Cali (Emcali). Según reveló El País, la pesquisa llevó a la suspensión temporal de dos funcionarios y ha puesto en evidencia una red de denuncias, disputas legales y consecuencias sociales de alto impacto.
El 17 de agosto, la Personería Distrital apartó de sus cargos, por tres meses, a Paola Andrea Vernaza Rojas, jefa de la Unidad de Recaudo de Emcali, y a Harold Viáfara González, exfuncionario de la misma dependencia. Esta medida buscó evitar interferencias en la investigación sobre la administración y adquisición de locales en el Centro Comercial Panamá, después de meses en los que Emcali se negó a entregar información sobre los cobros coactivos realizados en ese inmueble.
Las denuncias ciudadanas que motivaron la suspensión se remontan a 2017 y señalan la manipulación de procesos de embargo y dación en pago, así como la posible apropiación indebida de locales por parte de personas vinculadas a la empresa Wahvcol SAS, representada por Viáfara.
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Denuncias sobre la gestión de locales y conflicto de intereses en Emcali
El eje de la investigación gira en torno a la relación entre Viáfara, Wahvcol SAS y la adquisición de locales en el centro comercial. Propietarios y copropietarios afirman que, en 2017, la empresa de Viáfara firmó un contrato considerado desventajoso para la copropiedad, lo que habría facilitado que Wahvcol SAS recibiera locales en dación de pago. Según los denunciantes, estos inmuebles debían pasar a ser propiedad del centro comercial, pero Viáfara y personas de su entorno terminaron quedándose con ellos. Uno de los episodios más controvertidos fue la adquisición del local 138, que permitió a Viáfara intentar ingresar al Consejo de Administración, lo que generó sorpresa y malestar entre los demás propietarios.
Los testimonios recogidos por El País indican que, al ser consultado sobre la obtención del local 138, Viáfara explicó que la transacción se realizó de manera legal, mediante dación en pago y posterior compraventa, y que el 60% del valor se entregó al centro comercial. Sin embargo, los denunciantes sostienen que la operación fue irregular y que, con la ayuda de Vernaza desde Emcali, se ordenó el embargo del local para impedir que fuera devuelto a la copropiedad. “En el piso 12 de Emcali su jefa actuaba en su favor porque si embargaba ese local no podíamos exigirle la devolución al centro comercial”, relató uno de los propietarios, que calificó la maniobra como tráfico de influencias.
La documentación consultada por El País señala que el embargo al local de Viáfara se ordenó el 7 de abril de 2021, cuando él trabajaba en la Unidad de Cobro Coactivo de Emcali. Viáfara, por su parte, sostiene que el embargo fue un error, que nunca fue notificado y que la medida le impide disponer del bien, el cual está atado a una deuda de más de $600 millones en servicios públicos. “Yo le dije a la doctora Paola que ese embargo fue un acto ilegal; me perjudicaron porque yo hoy no puedo disponer del bien y está allí amarrado a que se pague una deuda de más de $600 millones en servicios públicos”, afirmó Viáfara en diálogo con El País.
El presunto conflicto de intereses se agrava porque Viáfara, siendo empleado de Emcali, habría realizado trámites ante la misma entidad y ejercido funciones de administración en el centro comercial, lo que lo situaría como juez y parte. Fuentes de la Personería Municipal explicaron a El País que la investigación busca determinar si se negociaron obligaciones fuera de los parámetros legales y si se produjeron condonaciones indebidas de deuda a cambio de locales. La Contraloría ya denunció que Emcali habría dejado de cobrar más de $7.000 millones, mientras que Viáfara niega haber sido administrador y asegura que su papel se limitó a funciones temporales aprobadas por la asamblea de propietarios.
Respuestas de los implicados y antecedentes de la disputa
La defensa de los funcionarios señalados ha sido enfática. Viáfara rechaza las acusaciones y atribuye la investigación a una persecución política, argumentando que su aspiración a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico ha motivado los señalamientos en su contra. Además, ha presentado una denuncia penal contra el personero delegado, Eduardo Andrés Rodríguez, por supuesta falta de garantías en el proceso, y ha solicitado a la Procuraduría Provincial de Cali que asuma el control preferente del caso. Desde la Personería se advierte que una senadora del Partido de la U, cercana a Vernaza, también busca trasladar el proceso, lo que ha generado suspicacias sobre la transparencia de la investigación.
El trasfondo de la disputa se remonta a un historial de embargos y deudas en el Centro Comercial Panamá que data de 2003. El impago de servicios públicos llevó a que Emcali embargara inicialmente el local 501 y, posteriormente, emitiera mandamientos de pago contra 39 locales. Propietarios consultados por El País denuncian que el manejo de la deuda ha sido perjudicial, ya que los intereses anuales superan ampliamente el incremento del avalúo catastral, y que la empresa no realizó el prorrateo de la deuda como exige el Estatuto Tributario. Además, señalan irregularidades en la notificación de los embargos, como el caso de una notificación dirigida a una persona fallecida.
La tensión entre los propietarios y el círculo de Viáfara ha derivado en episodios de violencia y amenazas. Las asambleas de copropietarios, según videos y testimonios recogidos por El País, se han convertido en escenarios de insultos, denuncias y confrontaciones. El conflicto alcanzó un punto crítico el 14 de enero de 2025, cuando María Eugenia Otero, una de las principales denunciantes y testigo en procesos administrativos contra Emcali, fue víctima de un atentado a la salida de su residencia. Otero recibió un disparo en el costado izquierdo y, tras recuperarse, presentó denuncia ante la Fiscalía General, aportando videos de las asambleas como prueba. La mujer señaló a Viáfara como la única persona con la que mantiene diferencias, debido a sus denuncias sobre la apropiación de locales.
Viáfara, al ser consultado sobre el atentado, negó cualquier implicación y reiteró que Otero nunca ha sido propietaria de un local ni miembro del Consejo de Administración. “Desconozco si me han mencionado en la denuncia que interpuso la señora, pero no tengo nada qué ver en eso”, declaró a El País.
Las repercusiones institucionales no se han hecho esperar. La Personería Distrital ha ordenado la apertura de una investigación a la Oficina de Talento Humano de Emcali por negarse a entregar información solicitada sobre la trayectoria de Viáfara en la entidad. El País intentó obtener una respuesta del gerente de Emcali, Roger Mina, sobre esta negativa, sin éxito al cierre de la edición. Paralelamente, la Contraloría y la Procuraduría Provincial de Cali han iniciado procesos de control y seguimiento, mientras que la Fiscalía General de la Nación investiga los hechos de violencia y las denuncias penales presentadas por las partes involucradas.
En este contexto, una fuente conocedora del proceso advirtió a El País que la disputa por el Centro Comercial Panamá involucra intereses de alto calibre, relacionados con la historia del edificio y la administración de locales bajo control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo que ha elevado el nivel de riesgo y tensión entre los actores implicados.