Las declaraciones de Uriel Ávila, uno de los líderes de la comunidad del Canal del Dique, ponen en duda la versión oficial sobre el mantenimiento de los canales de drenaje en la región.
Y es que según explicó el líder social a El Heraldo, “el gobernador se atrevió a decir en los medios que habían limpiado 150 kilómetros de canales de drenaje y de riego, lo cual es totalmente falso. En las limpiezas que han hecho, no han llegado ni siquiera a los 75 kilómetros de canales”. Para Ávila, la situación representa “una burla” hacia los campesinos y habitantes del sur del Atlántico y el norte de Bolívar.
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Así las cosas, la comunidad de este sector de la región Caribe recurrió a la acción de tutela como mecanismo de presión para que las autoridades nacionales y la empresa concesionaria Sacyr actúen frente a lo que califican como una emergencia ambiental.
Según indicaron los ciudadanos Uriel Ávila, Margarita Vargas De la Rosa y Félix Peluffo Escobar, principales promotores de la tutela, los derechos fundamentales “a la vida, a la igualdad, a la seguridad personal y de petición” han sido vulnerados debido a la presunta negligencia en el manejo del canal y sus obras conexas.
La solicitud de amparo, interpuesta contra el presidente Gustavo Petro, los ministerios de Agricultura, Ambiente y Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Sacyr, fue aceptada para su estudio por parte del Consejo de Estado. Sin embargo, según explicó el medio caribeño, esta alta corte no concedió medidas cautelares respecto a los reclamos de la comunidad.
La acción colectiva surge tras diversos llamados realizados tanto a instancias municipales, departamentales como nacionales, que, en palabras de Ávila, “no han tenido respuesta efectiva”. El vocero recalcó a El Heraldo la falta de avances reales: “No ha comenzado una sola obra, pero sin embargo vino la Gobernación diciendo entre los medios que tenían maquinaria que estaban haciendo y no están haciendo absolutamente nada por el canal del Dique”.
La comunidad también cuestionó la ausencia de estudios técnicos adecuados. “¿Cómo es posible que todavía ellos no tengan un estudio de la Gaceta Número 6, que nos tocó a nosotros como comunidad solicitar a la sociedad de ingenieros y a la empresa Cisco que vinieran a hacer unos estudios? Y no vemos solución de parte”, apuntó Ávila.
Mientras el proceso avanza en el Consejo de Estado, la expectativa de los habitantes del Canal del Dique se centra en una pronta decisión que pueda atender sus reclamos y, sobre todo, frenar la crisis ambiental que afirman afecta sus condiciones de vida y el desarrollo de la región.
Canal del Dique, una de las arterias fluviales más importantes en el país
El Canal del Dique es una vía fluvial artificial que conecta el río Magdalena con la Bahía de Cartagena, en la región Caribe de Colombia. Con una longitud aproximada de entre 115 y 118 km, fue construido durante la época colonial —iniciado en 1582 y reconstruido en 1650— como alternativa para evitar la difícil navegación de la desembocadura del Magdalena y facilitar el transporte entre el interior del país y el Caribe.
Además de su función como vía navegable, el Canal del Dique ha sido un elemento vital para los ecosistemas de la zona. Atravesando manglares, ciénagas y humedales, ha generado una rica interacción entre agua dulce y salina, lo que favorece la biodiversidad y provee recursos pesqueros y agrícolas esenciales para las comunidades costeras.
No obstante, con los años, el canal ha enfrentado graves desafíos ambientales como sedimentación, deterioro ecológico y riesgos de inundaciones y salinización, tanto en sus márgenes como en las bahías adyacentes.