En solo dos meses, junio y julio, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) desembolsó $266.000 millones a clínicas y hospitales por la atención de heridos en accidentes de tránsito. Con ello, la entidad asegura estar al día en sus pagos, lo que permitió oxigenar financieramente a los centros asistenciales.
Sin embargo, detrás de esa aparente buena noticia hay una cifra que preocupa, el monto total girado en lo que va de 2025, $486.763 millones, ya roza el 99,5% de todo lo pagado durante el año pasado, que cerró con $488.896 millones. “Los $486.763 millones reconocidos en lo que va de 2025 equivalen a casi todo lo pagado en 2024 (99,5%), cuando los giros alcanzaron $488.896 millones al finalizar el año. Estos pagos incluyen más de $53.271 millones por tarifa diferencial, que es la porción que asume el Estado cuando el costo de la atención supera la cobertura de la póliza Soat”, precisó la entidad en un comunicado.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
La mayor parte de estos recursos fue destinada a cubrir accidentes provocados por vehículos no identificados o por automotores que, aunque fueron plenamente verificados, circulaban sin el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
El fenómeno no es nuevo. Desde abril, los reportes de la Adres ya mostraban un comportamiento atípico, en apenas cuatro meses, los giros habían triplicado los del mismo periodo de 2024. Para entonces, se habían presentado 34.862 nuevas reclamaciones, de las cuales poco más de 16.000 estaban asociadas precisamente a vehículos sin identificación o sin seguro vigente.
Aparte de las atenciones por siniestros viales, la administradora informó que este año también cubrió reclamaciones derivadas de eventos catastróficos de origen natural y de actos terroristas, con un desembolso que alcanza los $847 millones.
El volumen y velocidad de estos pagos anticipan que 2025 podría cerrar con cifras récord, lo que plantea un desafío no solo financiero para el sistema de salud, sino también de control y prevención en las vías del país.
Los eximidos del Soat
En Colombia, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) ha sido, históricamente, una de las pólizas más controvertidas. Entre fraudes detectados, demoras en su pago y altos costos, es común que se encuentre en el centro del debate público. No en vano, la multa para quien circule sin él asciende actualmente a $1.423.500, lo que lo convierte en una de las sanciones más onerosas previstas por el Código Nacional de Tránsito.
Hasta hace poco, las únicas excepciones a su pago eran los vehículos que transitan por vías férreas y la maquinaria agrícola. El Soat cubre los daños corporales de cualquier persona involucrada en un accidente, y sus precios, definidos por la Superintendencia Financiera, varían según el cilindraje del automotor.
Pero el 16 de julio de 2025, el panorama cambió con la entrada en vigor de la Ley 2486, que libera a ciertos vehículos eléctricos de baja potencia de la obligación de contar con este seguro. La norma, ya sancionada por el presidente Gustavo Petro, busca incentivar el uso de medios de transporte sostenibles y regular su circulación.
Entre los beneficiados se encuentran bicicletas y patinetas eléctricas, ciclomotores y otros vehículos de movilidad personal urbana que cumplan requisitos específicos entre ellos, potencia nominal no mayor a 1.000 vatios, peso —incluida la batería— inferior a 60 kilogramos, y si supera este peso, no alcanzar velocidades mayores a 40 km/h.
Para estos casos, los agentes de tránsito no podrán exigir ni el Soat, ni licencia de conducción, ni matrícula. Sin embargo, la implementación no está exenta de polémicas. Algunas alcaldías, como la de Bogotá, decidieron prohibir su circulación por ciclorrutas hasta que el Ministerio de Transporte expida una reglamentación detallada.
La ley también fija normas de seguridad, velocidad máxima de 25 km/h en cicloinfraestructura y de 40 km/h en vías autorizadas, y edad mínima de 16 años para conducirlos. El incumplimiento conlleva la inmovilización del vehículo. Aunque la medida busca promover la movilidad limpia, especialistas advierten que su éxito dependerá de un control efectivo para prevenir abusos y garantizar que la exención no se convierta en un nuevo foco de fraude.