El editorial publicado por The Wall Street Journal (WSJ) el viernes 2 de agosto abrió un nuevo frente de debate en torno al proceso judicial por el que fue condenado el expresidente Álvaro Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria.
El reconocido medio estadounidense aseguró que el juicio estuvo “marcado por irregularidades” y señaló la existencia de una campaña política para afectar la reputación del exmandatario.
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La condena, dictada en un fallo de primera instancia por la jueza Sandra Liliana Heredia, impactó la escena política nacional e internacional.
Según el WSJ, el caso contra Uribe no solo refleja una pugna jurídica, sino que representa lo que describió como una “venganza política” por parte de sus adversarios y un uso tendencioso de la justicia.
En su editorial titulado The Railroading of Colombia’s Álvaro Uribe, el periódico señaló que existieron decisiones y procedimientos judiciales irregulares que merecen atención.
Según la publicación, la persecución política contra Uribe tendría como fin deslegitimar su trayectoria, especialmente por su papel durante la presidencia, cuando su política de seguridad democrática debilitó a las guerrillas de izquierda y restauró parcialmente la autoridad estatal.
“De ahí, la campaña política para manchar su reputación y encarcelarlo. Un poder judicial tendencioso está haciendo su parte, y las decisiones judiciales irregulares que llevaron al veredicto del lunes merecen atención”, se lee en el editorial del Wall Street Journal.
El diario estadounidense puso bajo sospecha algunas de las pruebas que llevaron a la condena de Uribe, señalando que fueron obtenidas a través de interceptaciones telefónicas consideradas irregulares.
En Colombia, la ley no permite el uso de grabaciones secretas en contra de los acusados, ni siquiera en casos vinculados con organizaciones criminales. Sin embargo, en el proceso del expresidente, el tribunal aceptó como evidencia grabaciones de conversaciones realizadas sin consentimiento.
Otra de las críticas principales del medio giró en torno a la exclusión de los abogados defensores de Uribe durante las investigaciones iniciales en 2018. Además, destacó que la defensa no tuvo acceso a algunos testimonios clave recabados en esa etapa, lo que, según la publicación, vulnera el derecho al debido proceso.
El editorial del Wall Street Journal también abordó el contexto político detrás del proceso. El diario analizó el impacto de las políticas implementadas por Uribe, que dirigió Colombia entre 2002 y 2010.
Durante sus mandatos, el ex jefe de Estado lideró una ofensiva militar contra las guerrillas de inspiración marxista, debilitó la influencia de grupos insurgentes y logró que la mayoría de la opinión pública respaldara sus acciones.
Para el medio, el país evitó convertirse en un “Estado fallido” bajo el liderazgo de Uribe, aunque admite que el narcotráfico persistió y las guerrillas no fueron erradicadas.
Sí resalta que la influencia política de estos grupos se vio considerablemente reducida y recuerda que, al final de su Gobierno, el líder del Centro Democrático contaba con una aprobación del 75%.
El tratamiento judicial recibido por el expresidente, según el editorial, debe analizarse en el contexto de una rivalidad política, pues sus opositores nunca le perdonaron haber combatido a las organizaciones de inspiración marxista y al narcotráfico durante su presidencia.
El origen del caso remonta a 2017, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por presuntamente buscar testigos falsos para incriminarlo. La Corte Suprema de Justicia decidió no sólo descartar la denuncia, sino abrir una investigación contra Uribe en 2018 por manipulación de testigos.
La Fiscalía sostuvo que el exmandatario, a través de intermediarios, habría intentado convencer a testigos, principalmente exparamilitares, para que modificarán sus declaraciones en favor suyo.
Las pruebas principales consistieron en interceptaciones telefónicas y grabaciones de conversaciones entre el abogado de Uribe y personas privadas de la libertad.
Para el Wall Street Journal, estas grabaciones no son concluyentes. “Puede que los abogados no prometan un resultado legal ni una recompensa económica, y el audio grabado no prueba que el Sr. Uribe o su abogado lo hicieran. Algunos de los intercambios sugieren una negociación para obtener asistencia legal, pero eso dista mucho de ser un soborno”, resume el editorial.
La defensa afirmó que el uso de estas pruebas viola el debido proceso y que los fragmentos seleccionados fueron descontextualizados para perjudicar la imagen del expresidente. También se cuestionó que la fiscalía haya excluido a los abogados de la investigación inicial y no se les permitió contrainterrogar a los testigos clave en su contra.
El editorial del Wall Street Journal generó posturas encontradas en Colombia. Los sectores afines a Uribe celebraron el respaldo del influyente diario y lo interpretaron como una denuncia de persecución judicial con motivaciones ideológicas.
Por el contrario, sus críticos sostienen que el proceso fue llevado a cabo por la justicia ordinaria y defienden la independencia de los tribunales.
La decisión de la jueza Heredia será apelada en los próximos días ante el Tribunal Superior de Bogotá. El WSJ indicó que el tratamiento que reciba Uribe en esta nueva instancia será “una prueba crucial para el Estado de derecho en la democracia más antigua de Sudamérica”.
Mientras la polarización aumenta, el caso sigue abierto y marca, según analistas, el destino judicial y político del exmandatario.
Este episodio se suma a una larga serie de enfrentamientos entre el líder del Centro Democrático y sus detractores, que insisten en ver la sentencia como un avance para la justicia, frente a quienes la califican como un punto crítico de politización de la justicia colombiana.