Durante una audiencia pública de verificación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) alertó sobre el debilitamiento del programa de desminado humanitario en Colombia.
El magistrado Camilo Suárez, integrante de la Sección de Reconocimiento de Verdad, advirtió que esta estrategia, fundamental dentro de los proyectos restaurativos asignados a los exjefes de las extintas Farc, presenta deficiencias graves en su estructura operativa y presupuestal.
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La diligencia tuvo como propósito evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas y jurídicas necesarias para avanzar hacia la sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc.
Allí se abordaron diversos temas relacionados con la implementación de medidas enfocadas en la reparación de las víctimas, entre ellas, el desminado.
Al intervenir, Suárez manifestó que ya se ha intentado en tres oportunidades convocar al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para que exponga la situación actual del programa. Sin embargo, hasta el momento no ha asistido a ninguna de las citaciones.
“Es la tercera vez que citamos al ministro de Defensa y siempre tienen una excusa. El conflicto sigue en el territorio, pero hay unas inquietudes que tiene esta magistratura. Buscamos que nos expresen las condiciones de seguridad en el territorio porque no podemos llevar un TOAR a revictimizar y menos llevar acción con daño”, expresó el magistrado.
En representación del Grupo para la Acción Integral contra Minas Antipersonal participó Claudia Pardo, quien asistió a la sesión en lugar del coordinador Andrés Goyeneche. Durante su intervención, Pardo hizo un balance sobre los avances y obstáculos del proceso de desminado, haciendo énfasis en que Colombia ha debido solicitar por tercera vez una prórroga ante la Convención Internacional sobre la prohibición de minas antipersonal.
“Llevamos la tercera solicitud de prórroga ante la Convención para que nos den un tiempo más para entregar el territorio libre de minas, pero la dinámica de conflicto hace que no hemos podido cumplir”, señaló la funcionaria.
Pardo también se refirió al origen de los recursos con los que actualmente opera el programa. Según indicó, la mayoría de la financiación que reciben las siete organizaciones activas proviene de donaciones internacionales. En este grupo de cooperantes se encuentran Estados Unidos, Noruega, Suiza, Japón, Alemania, Canadá, Bélgica, España y el Reino Unido. Solo una parte reducida de los fondos proviene del presupuesto nacional.
En el escenario local, las entidades nacionales dedicadas a labores de desminado incluyen a la Campaña Colombiana contra Minas y Humanicemos DH. A nivel institucional, el Ejército y la Armada participan a través de brigadas especializadas, las cuales operan principalmente con recursos extranjeros.
Según Pardo, “la brigada del Ejército cuenta con una financiación de la Fundación Warren Buffet que estará hasta el 2026. El Estado paga los salarios de los desminadores pero el tema operacional se hace por medio de la cooperación con Warren (...) Este es un llamado a que el desminado humanitario necesita una reinversión, está desfinanciado y es uno de los retos que tenemos para implementar sanciones”.
Además, hacen parte del esfuerzo internacional The Halo Trust, el Consejo Danés para Refugiados y Human Inclusion, organizaciones que han operado en zonas con alta presencia de artefactos explosivos, pero que también dependen de apoyos externos para su sostenibilidad.
Tras la exposición de Pardo, el magistrado Suárez reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad alrededor del desminado y formuló una solicitud directa al Ejecutivo para reorganizar el programa. Afirmó que la JEP necesita garantías de que esta labor puede ser llevada a cabo sin poner en riesgo a las comunidades. “Es indispensable recuperar y fortalecer la estructura de la Dirección de Acción Integral contra Minas, a cargo del Alto Comisionado para la Paz”, subrayó.
Dentro de las recomendaciones, se destacó la urgencia de establecer líneas claras de gestión legislativa y financiera dentro del Plan Nacional de Desarrollo que aseguren la continuidad del programa. También se pidió definir estrategias de cooperación internacional que acompañen los esfuerzos, pero sin que estas se conviertan en la única fuente de sostenibilidad. En palabras del magistrado Suárez, la estructura actual está “desdibujada, sin recursos ni capacidad instalada”.
Desde 1999, Colombia ha contabilizado más de 12.600 personas afectadas directamente por minas antipersonal. El país forma parte de los 164 Estados que integran la Convención de Ottawa, tratado que prohíbe el uso, almacenamiento, producción y transferencia de estas armas. La meta trazada para liberar el territorio de estos artefactos aún no se ha cumplido.