Mientras algunas familias de desplazados del Catatumbo lograron pasar la primera noche tras abandonar los hoteles de Cúcuta en casas de conocidos, otras debieron pernoctar en las calles, sin certeza de su destino inmediato.
Esta situación ocurre tras la culminación esta semana del convenio con Fontur, que permitía a las víctimas del conflicto armado permanecer en alojamientos temporales tras seis meses de intensificación de la violencia en la región.
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De acuerdo con información confirmada tanto por las autoridades locales como por la Mesa de Víctimas, el martes 29 de julio de 2025 se dio fin definitivo de la etapa de alojamiento temporal en hoteles, en cumplimiento de la Ley 1448 de 2011.
Esta legislación establece que corresponde a los municipios brindar atención humanitaria inmediata a quienes huyen de la violencia, mientras que la responsabilidad de la continuidad del apoyo recae en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) tras la inclusión de los afectados en el Registro Único de Víctimas (RUV).
La coordinadora de la Mesa de Víctimas, Yuleima García, detalló que todas las personas reconocidas oficialmente como víctimas y que han ingresado en el RUV recibieron giros económicos destinados a cubrir su manutención, por lo que la administración municipal dejó de brindarles hospedaje y asistencia directa.
Para quienes aún no cuentan con reconocimiento oficial, alrededor de 70 individuos según datos municipales, se dispuso el traslado a albergues gestionados por la alcaldía, donde continuarán recibiendo atención básica mientras se resuelve su situación administrativa.
La funcionaria explicó que las rutas para el apoyo humanitario, como el retorno voluntario, la reubicación o la integración local, solo pueden activarse si la persona acepta participar y posterior a la salida del hotel. Estos mecanismos contemplan la entrega inicial de dos giros económicos de aproximadamente 1,2 millones de pesos cada uno, destinados a facilitar la estabilización de las familias afectadas.
No obstante, varias víctimas expresaron su preocupación por los retrasos en el acceso a estas ayudas. García reconoció que los trámites pueden demorar entre 15 y 20 días, circunstancia que complica el panorama de quienes no cuentan con redes de apoyo familiar o amistades en la ciudad, en especial aquellos con familiares enfermos bajo su responsabilidad.
“Muchas personas se han acercado a nosotros para indicarnos que ya recibieron el giro, pero que no tienen a dónde irse, no cuentan con un familiar o amigo, y la verdad no sabemos qué pueda pasar mañana, sobre todo porque hay muchas víctimas con familiares enfermos a su cargo”, manifestó la líder de la Mesa de Víctimas.
Entretanto, la Alcaldía de Cúcuta explicó que la medida no corresponde a un desalojo arbitrario, sino al cierre de la fase de emergencia que la administración asumió, dada la magnitud del desplazamiento.
Algunos desplazados relataron sus inquietudes sobre la suficiencia y el propósito de la ayuda recibida. Uno de ellos señaló que, después de recibir 400.000 pesos para su familia el mes anterior, les informaron que ese dinero cubría su salida de los hoteles.
“A la alcaldía de Cúcuta les pedimos que por favor nos ayude así sea con las carpas y las colchonetas que nos dieron en el albergue. Que nos dejen en esos albergues y que nos ayuden a trabajar, para nosotros sostenernos”, relató uno de los afectados en diálogo con Caracol Radio.
La administración municipal reiteró a través de un comunicado que la decisión de cerrar los alojamientos temporales obedece al marco legal vigente, que distribuye la responsabilidad entre la alcaldía y la Uariv.
En conjunto con el organismo nacional, se aceleró el proceso de valoración e inclusión en el RUV para que quienes cumplan los requisitos continúen recibiendo atención por parte del Estado. Según lo informado, la mayoría de la población desplazada ya figura en el registro y ha recibido la asignación correspondiente de giros humanitarios.
Como parte de las acciones de seguimiento, la Unidad para las Víctimas hizo un llamado para que todos los afectados actualicen sus datos personales y de grupo familiar, usando los canales oficiales de atención telefónica y digital. Esto permitirá mantener la comunicación y agilizar el acceso a las rutas de atención y los beneficios dispuestos por el Gobierno nacional.
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