Incautan armas y material propagandístico tras captura de red criminal

Soldados y agentes judiciales confiscaron municiones, celulares, panfletos y motocicletas vinculados a extorsiones y amenazas en la zona afectada por la estructura del Clan del Golfo

Los nueve capturados harían parte de la estructura del Clan del Golfo en el Cesar - crédito Ejército Nacional

El Ejército Nacional dio un duro golpe a los grupos al margen de la ley al capturar a nueve personas que, presuntamente, harían parte de las filas de una estructura perteneciente al Clan del Golfo que opera en el departamento del Cesar.

La operación se realizó por soldados de la Décima Brigada del Ejército Nacional, en articulación con la Policía y el CTI de la Fiscalía en los municipios de Chimichagua, Astrea y El Copey, noroccidente del departamento.

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Entre los capturados se encuentra alias Valeria, presunta cabecilla política de la subestructura Ferney Antonio López Polo, que hace parte del grupo guerrillero, quien tenía la misión de ejercer presión e influencia criminal en la subregión noroccidental del departamento del Cesar.

De acuerdo con el brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Décima Brigada, en la operación también se realizó la incautación de armamento y material propagandístico alusivo al grupo guerrillero.

“Dentro de estas capturas también se realiza la incautación de un material de armamento, material de municiones, celulares, panfletos alusivos a este grupo armado organizado, así como celulares y una motocicleta”, aseguró Perdomo.

El brigadier general José Benjamín Perdomo Álvarez, comandante de la Décima Brigada, informa sobre el golpe al Clan del Golfo en el departamento del Cesar - crédito Ejercito Nacional

Los capturados fueron puestos a disposición de los entes judiciales para que respondan por los delitos de extorsión, concierto para delinquir agravado, homicidio, porte y tráfico de armas y municiones. Además, podrían enfrentarse a penas entre los seis y 24 años de prisión por estos delitos, que se suman a una multa entre los 2.000 y 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

De acuerdo con la información divulgada, estas personas estarían directamente relacionadas con actividades de extorsión a pequeños y medianos ganaderos, comerciantes y empresarios de la región. Además, estarían involucradas en la planeación de homicidios de quienes no accedían a pagar las extorsiones.

Así como lo explicó el brigadier general, durante la operación se incautaron además dos armas de fuego con las que los capturados cometían delitos; una motocicleta, cinco celulares, cerca de 70 cartuchos con municiones de diferentes calibres y miles de panfletos alusivos al Clan del Golfo con los que extorsionaban a los habitantes del noroccidente de ese departamento.

Los capturados tendrían que responder ante la justicia por cinco delitos - crédito Ejército Nacional

Con respecto a la operación, el comandante de la Décima Brigada aseguró que fue todo un éxito y que contribuyó a la reducción de los delitos en la zona. Lo que refuerza la confianza y la seguridad de los ciudadanos.

“La operación fue calificada como un éxito total al contribuir de manera significativa a la disminución de los delitos de extorsión y secuestro, brindando así tranquilidad y seguridad a la población del noroccidente del departamento del Cesar”, puntualizó.

Las estadísticas de la extorsión

En Colombia, la extorsión y el secuestro han sido recurrentes durante los últimos años. En 2024, el delito de extorsión creció en varias regiones, concentrándose especialmente en Bogotá, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca. Bogotá lidera con más de 2.400 casos registrados en el año, seguida de cerca por Antioquia y Atlántico. Las principales modalidades incluyen llamadas telefónicas y cobros directos, y se ha identificado que cerca del 40% de las extorsiones provienen de centros penitenciarios.

La operación dejo nueve capturados - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con el Código Penal colombiano, las penas por este delito oscilan entre los ocho y 24 años de prisión, y multas, especialmente cuando hay agravantes como afectar a funcionarios o facilitar actos terroristas.

Por otra parte, en los últimos 20 años, hubo al menos 50.000 víctimas, siendo Antioquia, Cesar y Norte de Santander los departamentos más afectados. Este delito ha sido utilizado históricamente como herramienta de financiación de grupos armados, principalmente las FARC-EP y el ELN.

A esto se le suman las penas por este delito, que van de 192 a 360 meses de prisión, y una multa de 800 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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