En Colombia, donde el arroz es protagonista diario en millones de platos y su demanda parece inagotable, los cultivadores atraviesan una de sus peores crisis económicas. A pesar de que ciudades como Bogotá consumen más de mil toneladas al día, los precios que reciben los productores por cada carga están por debajo de los costos de producción, sumiéndolos en pérdidas sostenidas y en un ambiente de incertidumbre que ya encendió alarmas.
Las cifras más recientes del sector reflejan ese desequilibrio, una carga que a inicios de 2025 se vendía en 225.000 pesos, hoy apenas alcanza los 170.000, una suma que no compensa ni el valor invertido en semillas, fertilizantes o mano de obra. Ante este panorama, movimientos como Dignidad Arrocera y Dignidad Agropecuaria convocaron a un paro nacional el 14 de julio, una protesta que llega tras varios intentos fallidos de negociación con el Gobierno.
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Uno de los factores que agrava la situación es la sobreoferta. La producción creció más rápido que la capacidad del mercado para absorberla, en parte porque desde junio de 2023 se eliminó el incentivo al almacenamiento, una medida que por años ayudó a estabilizar precios en épocas de cosecha alta. El incentivo permitía guardar parte del grano recolectado durante la gran cosecha, que arranca en julio, y distribuirlo en el primer semestre del año siguiente, cuando la producción disminuye.
Para Rafael Hernández, presidente de Fedearroz, el escenario actual no es nuevo, pero sí más complejo. La falta de herramientas regulatorias y el alza sostenida de los costos puso a miles de familias en una situación límite. “El precio, en los comienzos de 2025, estaba en 225.000 pesos por carga. Luego bajó a 185.000 y ahora está en 170.000, lo que está muy por debajo de los costos de producción”, advirtió.
A esta tensión se suma el debate sobre quiénes se benefician del negocio. El presidente Gustavo Petro señaló directamente a los grandes molineros, a quienes tildó de “terratenientes”, y propuso que los pequeños arroceros se organicen en cooperativas para convertirse en dueños de los molinos. “No subsidiaré a los que más tienen recursos”, afirmó, sugiriendo un redireccionamiento del apoyo estatal.
Sin embargo, desde el campo las cosas no son tan sencillas. El arroz que producen los agricultores es paddy verde, que debe ser procesado antes de llegar al consumidor. Esa transformación solo puede hacerse en molinos, y actualmente existen poco más de 90 empresas con esa capacidad en el país. Para Óscar Gutiérrez, vocero de Dignidad Agropecuaria, la propuesta del Gobierno desconoce la estructura actual del mercado. “Nos sorprendió que se hablara de comprar arroz a los productores, cuando quienes venden arroz blanco son los molinos, no los agricultores”, apuntó.
Esta asimetría en la cadena de valor, muchos productores y pocos compradores, también fue señalada por analistas como una causa estructural del precio bajo. La Cámara Induarroz, que agrupa a los industriales del arroz, reconoció la gravedad del momento, pero aclaró que no es un fenómeno exclusivamente nacional. Citando datos de la FAO, señaló que el precio internacional del arroz cayó un 30% en el último año, y en Estados Unidos el valor del arroz paddy descendió 31% desde junio de 2024.
En ese contexto, algunas voces del sector plantean alternativas para reducir la dependencia de los molinos. Una de ellas es facilitar el acceso a créditos directos con Finagro o el Banco Agrario, para que los productores no tengan que financiar sus cultivos a través de contratos de compra anticipada con la industria. Otra opción es avanzar en esquemas de integración vertical, donde los agricultores participen también en etapas de transformación y comercialización.