Los recursos del Fondo Frisco, que administra bienes sujetos a extinción de dominio y otros activos gestionados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), han experimentado una significativa reasignación.
La modificación presupuestal oficializada mediante decreto incluye la distribución de fondos hacia distintos ministerios, según información de Caracol Radio.
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La medida tomada por decreto en el gobierno de Gustavo Petro, eliminó completamente los dineros que, por ley, debían recibir la Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y otras entidades del sector justicia, provenientes de los procesos de extinción de dominio administrados por la SAE.
El medio radial señaló que, de acuerdo con documentos oficiales a los que tuvo acceso, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó inicialmente un presupuesto superior a 106.000 millones de pesos para 2025, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 1708 de 2014.
Esta partida estaba asignada para la Rama Judicial, la Fiscalía, la Policía Judicial y la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, la decisión posterior plasmada en el “Anexo Modificación Presupuesto FRISCO 2025” eliminó esos recursos argumentando que, durante 2024, los ingresos del fondo alcanzaron apenas el 48 % de lo esperado.
La insuficiencia en el recaudo llevó a la supresión total de la transferencia hacia el sector justicia, consignó el medio.
La controversia aumentó porque el recorte solo afectó a la Rama Judicial, según describieron fuentes de Caracol Radio. El componente de Política Antidrogas se mantuvo sin alteraciones, dejándose una bolsa de 330.000 millones de pesos distribuidos entre 11 ministerios que abarcan Justicia, Salud, Defensa, Agricultura y Cultura, entre otros, precisó el informe.
Las fuentes consultadas en la Fiscalía y en la Rama Judicial denunciaron que, al suprimir las transferencias a estas entidades, el Gobierno estaría vulnerando lo dispuesto por el artículo 91 de la Ley 1708.
Esta disposición obliga a girar automáticamente recursos del Frisco para fortalecer las capacidades de la justicia, en particular la persecución y judicialización en materia de narcotráfico y criminalidad organizada.
Según información del medio radial, el impacto ha generado profundo malestar entre funcionarios de la Fiscalía y la Judicatura. Las mismas fuentes indicaron que ambas instituciones preparan un pronunciamiento conjunto frente a la eliminación de fondos, y no descartan llevar el caso ante instancias judiciales. Se evalúa la posibilidad de acudir incluso a la Corte Constitucional en defensa de la autonomía y los recursos del sistema judicial.
Fuentes internas detallaron que la decisión del Ejecutivo, sustentada en la baja ejecución de ingresos del fondo en 2024, ha sido vista como discriminatoria, ya que el grueso de los recursos de Política Antidrogas sí se mantuvo para otros sectores y dependencias del Estado.
La polémica continúa escalando, en medio de preocupaciones sobre el efecto que podría tener esta medida en el funcionamiento y la financiación de la justicia en Colombia.
El salario de los empleados públicos sería lo más afectado si Petro demanda y tumba el Presupuesto General de la Nación
La jornada del Consejo de Ministros del 3 de junio quedó marcada por el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la instrucción al titular de Hacienda, Germán Ávila, para que interponga una demanda contra el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025.
El mandatario, durante la sesión transmitida públicamente, sostuvo que el presupuesto —que él mismo estableció por decreto— implica una transferencia de recursos públicos en favor de los sectores más acomodados del país y consideró que esto transgrede los principios constitucionales de Colombia.
El jefe de Estado remarcó que el decreto de liquidación presupuestaria, sobre el cual volvió su atención para analizarlo en detalle, resulta inconsistente con los objetivos del Estado social de derecho.
En palabras de Gustavo Petro, “tenemos un presupuesto que, a través del decreto de liquidación —que me he dedicado a leer en detalle—, termina siendo una transferencia de recursos públicos hacia los más ricos del país". Añadió también: “eso va en contra de la Constitución y de la institucionalidad del Estado social de derecho. Por eso quiero, ministro de Hacienda, que usted demande por inconstitucional el presupuesto de Colombia”.