Contraloría de Antioquia investiga millonarios pagos sin soporte en la Alcaldía de Apartadó

Una serie de transferencias bancarias por más de $3.500 millones, realizadas desde cuentas oficiales del municipio de Apartadó hacia particulares y empresas, se encuentra bajo investigación de la Contraloría General de Antioquia, luego de que el Gobierno local denunciara presuntas irregularidades en la ejecución presupuestal durante la administración anterior.

El caso salió a la luz tras la posesión del nuevo alcalde, Adolfo Romero, que asumió el cargo en abril de 2025 luego de elecciones atípicas marcadas por un fuerte pulso político.

En el proceso de empalme, su equipo identificó una serie de transacciones que carecían de documentación legal, contable y administrativa, lo que motivó una solicitud formal de auditoría al ente de control fiscal del departamento.

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La denuncia, radicada el 3 de junio pasado, llevó a la Contraloría a realizar una actuación especial de fiscalización, cuyos hallazgos fueron consignados en un informe oficial publicado el 19 de junio. En este documento se señala que, entre mayo de 2024 y marzo de 2025, se ejecutaron 49 transferencias desde diferentes cuentas del municipio por un valor total de $3.554 millones.

“Se verificó que dichos pagos no cuentan con registros en el sistema de contabilidad oficial, ni con soportes contractuales, actos administrativos, ni comprobantes de egreso válidos que los justifiquen”, constató la Contraloría en su informe

Estas transacciones, según el ente de control, no cuentan con el debido soporte contractual ni con registros contables en los sistemas oficiales, lo cual podría constituir un detrimento patrimonial.

“Se configura un posible hallazgo fiscal con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal por un monto de $3.554.740.000, correspondiente a recursos públicos comprometidos sin soporte contractual, sin registro contable y sin justificación legal”, se lee en el texto del ente de control.

Uno de los aspectos que más preocupan a las autoridades tiene que ver con pagos dirigidos a empresas con contratos vigentes reportados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), pero cuyas transferencias superan ampliamente los montos pactados contractualmente.

El caso de una firma dedicada a soluciones logísticas ha sido citado como ejemplo: aunque sus contratos registrados en Secop sumaban $503 millones, habría recibido más de $1.000 millones en consignaciones.

Además, funcionarios del gobierno actual informaron que algunos técnicos de la propia Alcaldía habrían advertido internamente sobre otras inconsistencias, como giros a cuentas bancarias no vinculadas contractualmente, pagos duplicados y discrepancias entre las fechas de las consignaciones y los registros contables correspondientes.

La Contraloría advirtió, como parte de sus conclusiones, que no solo hay ausencia de documentación legal y contable que respalde las transacciones, también fallas graves en el control interno del gasto dentro de la administración municipal, particularmente en las dependencias de Hacienda y Tesorería. Según el informe, la falta de mecanismos efectivos de verificación habría facilitado una actuación que podría considerarse dolosa por parte de quienes autorizaron o ejecutaron los pagos.

La investigación está orientada a establecer si hubo responsabilidades fiscales, disciplinarias o penales, y no se descarta la existencia de conductas asociadas a delitos como peculado por apropiación y concierto para delinquir.

En total, el monto comprometido sin justificación legal asciende a $3.554.740.000, lo que abre la puerta a un posible hallazgo con repercusiones en distintos ámbitos jurídicos.

El Colombiano fue el medio que reveló inicialmente la información y accedió al informe de la Contraloría, lo cual permitió conocer detalles del caso que hoy tiene en alerta a las autoridades departamentales y al Gobierno municipal.

Por ahora, se espera que la Contraloría avance en la individualización de responsabilidades y remita los resultados a los organismos competentes, incluyendo la Procuraduría y la Fiscalía, si se determina que existen méritos para ello. El caso se suma a una serie de alertas sobre el manejo de recursos públicos en distintos municipios del país, en medio de la exigencia creciente de mayor transparencia y control en la gestión pública local.