El anuncio del presidente Gustavo Petro de proponer una papeleta en las elecciones de 2026 para convocar una asamblea nacional constituyente ha desatado un amplio debate político y jurídico.
El abogado y constitucionalista Mauricio Gaona ―que recientemente debatió con Eduardo Montealegre, ministro de Justicia―, el cual es hijo de Manuel Gaona Cruz, magistrado que falleció en la retoma del Palacio de Justicia, en entrevista con W Radio, lanzó duras advertencias sobre las implicaciones de esta iniciativa.
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Gaona cuestionó el fundamento político de la propuesta, sugiriendo que revela una tendencia preocupante de alterar las normas ante cada obstáculo. “Eso es lo que se denomina en la ciencia política y constitucional el camino hacia una ‘banana republic’. Y es que cada gobierno que enfrente un problema, cambia la ley en vez de resolver el problema”, señaló en los micrófonos del medio mencionado.
El jurista insistió en que el debate sobre una nueva constitución está anclado en lógicas del pasado: “Ustedes están enfrascados en una discusión del siglo XX”, afirmó, agregando que “Colombia ya llegó al siglo XXI, pero el Gobierno sigue en el siglo XX y eso va a tener un costo generacional”.
Si bien el Gobierno tiene facultades para proponer una asamblea, Gaona advirtió que estas deben sustentarse debidamente.
“El Gobierno tiene el poder de convocatoria constitucional, uno no puede convocar a cualquier cosa sin una justificación previa”, explicó.
Según su análisis, la iniciativa no se basa en una necesidad legal estructural, sino en una percepción de “bloqueo institucional”.
“El hecho político es que ellos quieren cambiar la constitución porque les parece que existe un bloqueo institucional, que yo demostré que se trata de la oposición”, afirmó en el medio mencionado.
Para Gaona, el uso de mecanismos constituyentes con fines políticos representa un grave riesgo para la democracia.
“Cuando se quiere cambiar un régimen para eliminar la oposición, lo que se quiere hacer es pasar del autoritarismo constitucional a la dictadura constitucional”, aseveró el jurista.
Al comparar el caso colombiano con el venezolano, fue contundente: “Lo que tenemos que comparar no es la constituyente del 2025 vs la séptima papeleta del 91, sino la constituyente de Colombia con el del régimen de Maduro que se parece más”, mencionó en diálogos con la W Radio.
Recordando la experiencia de 1991, Gaona explicó que la Corte Suprema de entonces autorizó el proceso constituyente mediante una sentencia que le otorgó amplios poderes.
“El poder de la Asamblea Constituyente es el más alto. Es más alto que el del Congreso, porque pueden cambiar el orden constitucional, no solo una constitución, el orden constitucional”, dijo al medio mencionado.
Sobre Venezuela, el jurista enumeró las acciones adoptadas por la Asamblea Constituyente instalada por Nicolás Maduro. “¿Qué decisiones tomó esa Asamblea Constituyente? Primero, cerrar el Congreso. ¿Cuál otra? Crear una corte paralela a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cuál otra? Despedir al fiscal general de la nación, que era incluso chavista, pero que era el último funcionario que logró oponerse a ese régimen”, relató.
Respecto al rol de la Registraduría en la formulación de la papeleta, Gaona alertó sobre presiones institucionales. “Puede quedar en una situación de ‘jaque temporal’”, dijo, advirtiendo que el Gobierno podría intentar reemplazar al registrador si no cumple con sus expectativas.
Frente a este escenario, sugirió que la entidad acuda al Consejo de Estado, aunque la Corte Constitucional tendría la última palabra.
Gaona expresó preocupación por el contenido abierto de la propuesta: “La papeleta en sí mismo lo que dice es que vamos a reformar la Constitución, ¿sí o no? Y si el pueblo responde que sí, pues todo lo que sigue es ciertamente incalculable”.
Advirtió que este proceso podría alterar principios fundamentales. “El principio de supremacía de pronto termina derogando el de separación de poderes públicos y terminen ustedes con una forma de estado que se parece más a una dictadura constitucional que a una democracia”.
El jurista recordó que el proceso constituyente de 1991 estuvo legitimado por factores como la violencia, el movimiento estudiantil y la presión social. “Ese movimiento fue el que legitimó esos procesos de reforma constitucional. Entonces, no era que viniera del gobierno”, señaló, contrastando ese contexto con el de 2025, donde “el mayor problema es la oposición”.