Desde el Ministerio de Hacienda se perfila un cambio profundo en la política de subsidio al diésel, un alivio que por años es clave para transportadores. Germán Ávila, jefe del ministerio, anunció en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo que el Estado empezará a desmontar este apoyo. El objetivo, retirar subsidios que hoy benefician casi un tercio del parque automotor, centrándose en camionetas de lujo y flotas empresariales que, según el ministro, “no tiene sentido” mantener subsidiadas.
Este paquete fiscal, impulsado desde marzo, propone trasladar el costo extra del diésel a quienes producen, transportan o exportan bienes, con la compensación de alivios en las tasas de interés. La idea es preservar la competitividad de los sectores productivos, aunque las definiciones sobre cómo se aplicarán estos beneficios aún están pendientes.
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Desde marzo, Fedetranscarga denunció que se incumplió un acuerdo: “Se suspenderá el alza del diésel hasta que se logre la corrección de las problemáticas económicas,” aseguraban. Sin embargo, de diciembre a la fecha el precio lleva un incremento de $1.250 por galón (13,3 %), y los transportadores insisten en que esto ocurre sin una fórmula clara, no consideran al Fepc un subsidio; se oponen a que se equipare el precio a estándares internacionales –“somos país productor”— y exigen que la fórmula sea local.
Por su parte, el ministerio todavía no ha dado una respuesta clara sobre la forma en que se hará la redistribución del costo ni sobre el impacto que tendrá en la cadena industrial.
Por su parte, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha sido un pozo para las finanzas públicas. En 2024 consumió $10,5 billones, y en 2025 se proyecta un gasto de $8 billones. Cada galón de diésel tiene actualmente un subsidio implícito de $4.615, una cifra que pesa significativamente en el presupuesto nacional, especialmente en un contexto de ajuste fiscal, déficit creciente y prioridades sociales urgentes.
Las voces de inconformidad no se limitan al gremio de carga. Desde el sector del transporte intermunicipal también se encendieron las alertas. La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt) rechazó de forma contundente la propuesta del Ministerio de Hacienda, tildándola de “improvisada y sin concertación”. Según sus voceros, la medida no solo rompe los acuerdos previamente establecidos con el Gobierno, sino que introduce un factor de inestabilidad en un sector que viene recuperándose apenas del golpe que dejó la pandemia.
La implementación de un sistema con precios diferenciados según el tipo de vehículo o su uso trae consigo retos prácticos importantes. Las estaciones de servicio advirtieron sobre un posible “caos logístico”, con riesgos de que surja un mercado paralelo y se incrementen los controles administrativos. Esto, además, implicaría mayores costos operativos y una mayor complejidad tributaria.
Industriales y comerciantes (Andi, Fenalco, Analdex) ya están advirtiendo que, el aumento en el costo del diésel terminará repercutiendo en el consumidor a través de encarecimiento de productos. “Al final, alguien tiene que asumir la factura,” dicen, alertando sobre un ciclo inflacionario que podría afectar el poder adquisitivo general.
El Gobierno navega en una delicada encrucijada económica. A un lado del camino, la posibilidad de mantener vigente el subsidio al diésel implica seguir alimentando un hueco fiscal que ya se ha tragado billones del presupuesto nacional, comprometiendo la sostenibilidad de las finanzas públicas en un momento en que cada peso cuenta. Al otro lado, desmontar esa ayuda estatal significa trasladar el costo real del combustible a sectores neurálgicos como el transporte, la industria y, en última instancia, al ciudadano de a pie, que podría enfrentar alzas en bienes y servicios de uso cotidiano.