Durante la Comisión de Vigilancia Electoral de la Procuraduría General de la Nación, llevada a cabo el martes 10 de junio de 2025, el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, manifestó su inconformidad con la Unidad Nacional de Protección (UNP) frente a las medidas de seguridad para los dirigentes políticos de oposición, por lo que elevó una petición para que la Policía Nacional de Colombia sea el encargado de garantizar la protección de los funcionarios en el país.
En declaraciones a los medios de comunicación, el directivo de la colectividad de oposición señaló que su petición se debe al atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio, durante un acto público en el occidente de Bogotá, lo que ha intensificado el debate sobre la eficacia y confiabilidad de los actuales mecanismos de seguridad para líderes políticos.
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A su vez, Vallejo sostuvo que, desde el momento en el que el dirigente político fue víctima del ataque sicarial, no ha recibido ninguna comunicación por parte del Gobierno nacional, especialmente del presidente Gustavo Petro, así como del ministro del Interior, Armando Benedetti.
“El partido Centro Democrático no ha tenido una sola comunicación con el gobierno nacional. Me comuniqué con el ministro de la Defensa para solicitar seguridad a los militantes y dirigentes del Centro Democrático (...) pero el gobierno nacional no se ha comunicado con el partido Centro Democrático”, aseguró el directivo a la prensa.
Así mismo, el dirigente señaló que la desconfianza hacia la UNP se ha incrementado en los últimos meses, especialmente después de incidentes que han puesto en riesgo la vida de miembros de la oposición y de otros sectores políticos.
“Nos parece inaudito que la Unidad Nacional de Protección no haya adelantado las medidas. Responsabilizo a Augusto Rodríguez y al Gobierno sobre cualquier atentado frente a militantes del Centro Democrático”, manifestó el vocero de la colectividad de derecha.
Del mismo modo, sostuvo que la petición no solo proviene de la bancada de oposición, sino de otras colectividades, que expresan su desconfianza con la entidad nacional.
“Hemos pedido, con otros partidos políticos, que sea la Policía Nacional, ante la ineptitud e ineficacia de la UNP, la que nos brinde la seguridad. Será el gobierno el que determine la autoridad competente”, comentó.
Amenazas a Álvaro Uribe
Igualmente, el directivo del Centro Democrático recordó que el lunes 9 de junio, la colectividad denunció una omisión sistemática y negligente por parte de la UNP en la atención de sus solicitudes de protección, lo que, según ellos, pone en riesgo la vida e integridad de sus líderes y militantes, entre ellos, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del partido político.
En un comunicado dirigido a Augusto Rodríguez, director de la entidad oficial, señala que desde 2023 han insistido en la necesidad de revisar y fortalecer los esquemas de seguridad para sus líderes políticos, pero que hasta el momento no han recibido una solución adecuada.
Según el comunicado, “la situación actual, agravada por las múltiples amenazas reportadas, exige una respuesta urgente y efectiva por parte de la entidad que usted dirige”.
También, la colectividad también responsabilizó formalmente al Gobierno nacional por cualquier afectación a la vida e integridad de sus militantes y dirigentes.
“Esta situación no solo compromete la seguridad de nuestros líderes, sino que pone en entredicho la credibilidad del Estado como garante de la democracia y del pluralismo político”, se lee en la carta firmada por Vallejo.
Entre las medidas solicitadas por el Centro Democrático se encuentra la protección inmediata para congresistas, precandidatos presidenciales, diputados, concejales y otros militantes que, debido a su exposición pública o roles políticos en zonas vulnerables, se encuentran en riesgo.
La colectividad subrayó que estas solicitudes no solo buscan salvaguardar la vida de sus miembros, sino garantizar el ejercicio pleno de la democracia y el pluralismo político en el país.
El contexto de esta exigencia se da en un ambiente político marcado por tensiones y amenazas hacia líderes de diferentes sectores. El Centro Democrático ha insistido en que la protección de sus miembros es fundamental para garantizar la participación política en condiciones de seguridad, especialmente en regiones donde la violencia y la inseguridad representan un desafío constante.