El ataque contra el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el occidente de Bogotá, y que lo mantiene en estado crítico en la Fundación Santa Fe, ha desatado reacciones de todo tipo al conocerse que el presunto atacante es un menor de 14 años.
La senadora de la misma colectividad María Fernanda Cabal fue una de ellas, al criticar el tipo de protección que recibiría el joven y su familia para garantizar sus derechos.
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Vía X, la legisladora lanzó fuertes críticas a las instituciones encargadas de la custodia y judicialización del adolescente, cuestionando las decisiones del aparato judicial y de protección social en este caso.
Cabal insistió en que el trato otorgado al joven agresor evidencia “la perversión de un sistema que dejó de proteger a los ciudadanos de bien para blindar al crimen”.
La senadora planteó dudas sobre el equilibrio de la justicia en el país al comparar los procesos de protección y resguardo para el adolescente acusado frente a la falta de garantías que, según ella, reciben las víctimas.
“¿Hasta dónde hemos llegado como sociedad? El agresor de Miguel Uribe, un criminal armado, recibe reubicación, sostenimiento, protección y hasta cambio de identidad. ¿Y la víctima? ¿Y su familia? ¿Dónde están sus garantías, su justicia, su reparación?”, cuestionó la congresista, enfatizando que “la verdadera paz comienza cuando el ciudadano siente que la ley lo protege y al delincuente lo castiga”, escribió.
Protección legal del menor y avances en la investigación
Y es que, en una rueda de prensa llevada a cabo el martes 10 de junio, la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, informó sobre los avances de la investigación tras el atentado Uribe.
De acuerdo con la titular del ente acusador, la familia del menor implicado fue incorporada al Programa de Protección de Víctimas, Testigos e Intervinientes, disposición que busca resguardar la integridad tanto del adolescente como de sus allegados en el desarrollo del proceso penal. Además, desde la Dirección de Protección de la Policía Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) acompañan este dispositivo de seguridad desde el primer momento.
La fiscal General detalló que se coordinó con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, y con la Defensoría de Familia, para definir la custodia del menor.
“Nosotros creemos razonablemente que poner al menor en un Centro de Atención Especializada del Icbf no garantiza la seguridad que ese menor requeriría. Tiene que ser custodiado de manera muy puntual y muy completo. Por eso mismo, lo que hemos coordinado es que esté en el Búnker”, explicó Camargo.
El adolescente enfrenta cargos de porte ilegal de armas y tentativa de homicidio, aunque no aceptó los cargos tras la imputación. Un juez avaló la solicitud de la Fiscalía de que el joven permanezca en internamiento preventivo en el Búnker de la Fiscalía, medida distinta a la aplicable a procesados adultos.
Por su parte, la directora del Icbf, Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, enfatizó que el menor ha expresado su disposición para colaborar con la justicia y confirmó la existencia de procesos paralelos en el desarrollo del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente: uno jurídico, con la asignación de un defensor de oficio por parte de la Defensoría del Pueblo, y uno administrativo, liderado por una defensora de familia.
“Frente al jurídico, él tiene un defensor de oficio asignado por la Defensoría del Pueblo, y frente al administrativo, una defensora de familia a cargo del proceso”, precisó la funcionaria ante medios de comunicación.
Igualmente, señaló que desde la perspectiva institucional se ha buscado rigor en el acompañamiento y diligencia en la protección tanto del adolescente como de quienes puedan resultar afectados en el entorno inmediato.