Una nueva tensión sacudió el juicio que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. Esta vez, las alertas se encendieron con el testimonio juramentado de Óscar Monsalve, hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve Pineda, que desde Estados Unidos advirtió sobre amenazas e intimidaciones contra su familia en Colombia.
En una declaración que aumentó la presión sobre el proceso judicial, Monsalve aseguró que su padre fue fotografiado por un escolta y un fiscal a las afueras del juzgado en Santa Fe de Antioquia, justo antes de rendir testimonio en el caso. “Esto yo lo siento como una persecución”, afirmó. “No entiendo por qué una escolta y un fiscal se van a poner a tomar una foto de mi papá”.
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El hecho, según relató, no solo lo dejó con una sensación persistente de incomodidad, sino que detonó una serie de publicaciones en redes sociales, que a su juicio ponen en riesgo la vida de sus allegados. El abogado Miguel Ángel del Río, que representa a Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y el senador Iván Cepeda, publicaron la imagen del padre de Monsalve tras la diligencia. Eso, para él, fue una señal de alarma.
“Si algo le llega a pasar a mi papá, a mi mamá, o a cualquier miembro de mi familia, los responsables son ellos. Desde la Fiscalía, Iván Cepeda y el abogado Del Río”, denunció. Frente a esa posibilidad, tomó una decisión drástica: “Ya no están allá. Al otro día, los saqué”, dijo en referencia a la salida urgente de sus familiares de Santa Fe de Antioquia por temor a represalias.
La situación no es nueva para Monsalve. Recordó que en 2009, cuando vivía en Pereira, fue interceptado por dos hombres en moto que lo increparon por una declaración que había hecho ante la Fiscalía. Ese episodio, confesó, lo obligó a dejar el país y establecerse en Estados Unidos.
Ahora, con el proceso judicial en pleno desarrollo, el testigo aseguró vivir con temor constante, especialmente después de la declaración de su padre. Según él, tras ese testimonio comenzaron a llegar mensajes inquietantes que comprometían la seguridad de su familia.
“Él me dice, ‘¿qué pensás?’ Yo le dije, ‘claro, hay que ir, hay que ir allá a asistir a la diligencia’”, recordó Monsalve sobre la conversación previa a la comparecencia de su padre. Pero, tras lo ocurrido, la sensación de vulnerabilidad creció: “Yo me siento siempre muy incómodo con eso”, insistió.
El testimonio de Óscar Monsalve agrega una nueva capa de tensión a un juicio que ya venía cargado de controversias políticas y mediáticas. Mientras el caso contra Uribe avanza en los estrados, el relato del testigo plantea interrogantes sobre garantías de seguridad y protección de los implicados.
¿Qué pasará con la jueza del caso?
En medio del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, la actuación de la jueza Sandra Liliana Heredia, titular del juzgado 44 penal del circuito de Bogotá, ha sido blanco de críticas y tensiones. Su estilo firme y las decisiones adoptadas durante las audiencias generaron choques frecuentes con la defensa de Uribe, que ha intentado revertir varias de sus determinaciones ante el Tribunal Superior de Bogotá, sin mayor éxito.
Ahora, la jueza enfrenta una queja disciplinaria radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. El documento, firmado por el ciudadano Pedro Santiago Rodríguez Betancourt, solicita investigar presuntas conductas que, según él, comprometerían la imparcialidad de Heredia. “Ha abusado de sus derechos como juez, afectando la imparcialidad y extralimitando sus funciones”, señala el texto.
El denunciante pide que se evalúe su continuidad en el caso y que, de comprobarse irregularidades, se apliquen sanciones disciplinarias. Asegura que las actuaciones de la jueza podrían estar afectando el debido proceso, especialmente por su trato hacia la defensa del exmandatario.
Durante las audiencias, los abogados de Uribe denunciaron restricciones para interrogar testigos y cuestionaron un supuesto sesgo de la jueza. Heredia, por su parte, defendió su gestión, insistiendo en el respeto al orden judicial y llamando la atención sobre posibles dilaciones por parte de la defensa. La Comisión deberá decidir si la queja tiene fundamento suficiente para iniciar una investigación formal.