La relación entre abuelos y nietos es un vínculo esencial para el desarrollo emocional, social y cognitivo de los menores, de acuerdo con los expertos en familia, que además resaltan el bienestar de los adultos mayores. En Colombia, este lazo tiene un respaldo legal significativo con la ley 2229 de 2022, que establece un régimen especial de visitas para los abuelos.
Esta normativa permite que los abuelos puedan solicitar legalmente el derecho a visitar a sus nietos, incluso, en casos donde alguno de los padres con custodia no esté de acuerdo. Sin embargo, esto solo se cumplirá teniendo en cuenta ciertos requisitos, debido a que la ley pretende garantizar la seguridad e integridad de los menores.
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Cabe mencionar que, la ley modifica el artículo 256 del Código Civil colombiano, creando mecanismos legales para que los abuelos puedan regular el régimen de visitas. Este avance busca garantizar que los menores no sean separados de su familia extendida, siempre que las visitas no representen un riesgo para su integridad. Sin embargo, el proceso no está exento de retos, especialmente cuando los padres prohíben estas visitas.
Ante esta situación se pronunció el abogado de familia Jimmy Jiménez, que explicó que la ley aplica en situaciones donde los padres impiden el contacto entre abuelos y nietos, por lo que el primer paso es cumplir con un requisito de procedibilidad. Este consiste en intentar una conciliación para regular las visitas, que puede llevarse a cabo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) o en un centro de conciliación privado. Si no se logra un acuerdo en esta etapa, los abuelos tienen la opción de acudir a un juez de familia.
Con un proceso judicial, el juez evalúa las pruebas presentadas y regula las visitas en función del interés superior del menor. Según detalló Jiménez, la decisión judicial debe garantizar que las visitas no representen ningún peligro para el niño, niña o adolescente. Por esta razón, las visitas pueden ser negadas si se demuestra que alguno de los abuelos ha sido condenado por delitos como violencia intrafamiliar o delitos sexuales, o si presenta condiciones psiquiátricas u otras circunstancias que puedan comprometer la seguridad del menor.
El abogado también señaló que, en caso de que el juez conceda las visitas, estas se establecerán bajo condiciones específicas y en momentos determinados, siempre priorizando el bienestar del menor. La decisión se emite en una sentencia judicial que debe ser cumplida en su totalidad y, en dado caso de que los padres incumplan esta sentencia, los abuelos pueden solicitar un proceso de verificación de derechos ante el Icbf o pedir al juez que haga valer la decisión mediante sus poderes correccionales.
Con este panorama, el abogado explica que la ley 2229 de 2022 representa un avance en la protección de los derechos de los menores y de los abuelos, al reconocer la importancia de este vínculo familiar. Aunque es necesario reiterar que el proceso legal está diseñado para garantizar que las visitas se realicen en un entorno seguro y beneficioso para el desarrollo integral del niño, niña o adolescente.
De acuerdo con un informe de la Unicef, es necesario que los menores de edad estén rodeados de sus seres queridos: “La evidencia nos dice que los niños necesitan un entorno familiar para su desarrollo. En los primeros días de vida, los niños necesitan ese tipo de atención personalizada para poder desarrollarse. Los estudios disponibles nos dicen que los niños que crecen sin ese amor y atención individualizada sufren significativamente: su desarrollo emocional se retrasa y su desarrollo físico también se ve atrofiado”.