El avance en la erradicación de cultivos de coca en Colombia durante los primeros meses de 2025 refleja un panorama limitado frente a los objetivos establecidos por el Gobierno nacional. A pesar de haberse propuesto erradicar 30.000 hectáreas para agosto y 50.000 para el cierre de 2025, el ritmo actual de trabajo indica una distancia considerable entre las metas y la ejecución efectiva sobre el terreno.
Durante el primer bimestre del año en curso, las cifras oficiales indican que solo se han erradicado 167 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que representa un promedio diario de apenas 2,8 hectáreas. Este número, aunque superior en un 45% al mismo periodo de 2024, cuando se reportaron 115 hectáreas, continúa siendo bajo frente al objetivo trazado por el Ejecutivo, de acuerdo con el informe presentado por el diario La República.
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El historial de erradicación en el país da cuenta de una tendencia decreciente, pues en 2020, Colombia registró un máximo de 130.147 hectáreas erradicadas manualmente. No obstante, a partir de ese año, la cifra disminuyó de manera sostenida: 103.257 hectáreas (2021), 68.893 (2022), 20.323 (2023) y solo 9.403 durante 2024. La caída en la actividad erradicadora se ha convertido en un tema central en los debates sobre la política antidrogas, dada la dificultad de contener el avance de los cultivos en diversas zonas del país.
Las cifras más recientes no solo evidencian una desaceleración general, sino también un contraste importante con momentos puntuales del año anterior. En septiembre y noviembre de 2024, por ejemplo, se reportaron más de 1.500 hectáreas erradicadas en cada uno de esos meses; sin embargo, al comparar estos picos con los resultados de enero y febrero de 2025, se confirma la pérdida de ritmo en la ejecución de los programas de erradicación.
El Ministerio de Defensa informó sobre otros logros en materia de lucha contra las drogas, entre ellos, la incautación de 297 toneladas de cocaína durante lo corrido del año, lo que representa un golpe a las finanzas del narcotráfico estimado en $4,5 billones. No obstante, los datos sobre erradicación manual de cultivos muestran un panorama diferente, menos alentador, y con desafíos operativos en el despliegue de las estrategias previstas.
Las proyecciones oficiales requieren un cambio radical en la dinámica actual, ya que para lograr la meta de 50.000 hectáreas erradicadas al cierre de 2025, el país tendría que pasar de erradicar 2,8 hectáreas por día a 137 hectáreas diarias, manteniendo esta tasa de manera continua y sin interrupciones durante el resto del año. Esta necesidad de multiplicar por más de 45 veces la capacidad diaria actual plantea dudas sobre la viabilidad operativa y logística de la estrategia planteada por el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro.
Una de las voces críticas frente a estas metas fue la del exministro de Agricultura Andrés Valencia que se pronunció a través de la red social X, cuestionando la coherencia de los datos oficiales. Según el ex alto funcionario, “las cifras de Benedetti no cuadran, como todas las cifras que da el Gobierno”, refiriéndose ministro del Interior, Armando Benedetti, que es una de las figuras del oficialismo que respalda públicamente las metas de erradicación.
Además, Valencia señaló que las proyecciones son “inviables” y que el país se enfrenta a una realidad operativa que no permite sostener expectativas tan altas sin ajustes significativos.
Las críticas se suman a una creciente preocupación por la falta de resultados concretos en la reducción del área cultivada con coca. Diversos analistas, consultados por el diario citado, llamaron la atención sobre la desconexión entre los planes estratégicos anunciados desde el Ejecutivo y la capacidad real de ejecución, especialmente en territorios donde el control estatal es limitado y donde persisten problemas de seguridad que dificultan las labores de erradicación.
El actual ritmo de erradicación sugiere que, de mantenerse las condiciones vigentes, la meta propuesta podría no cumplirse. Para llegar a las 50.000 hectáreas, sería necesario no solo aumentar de forma considerable el número de operativos en campo, sino garantizar la seguridad del personal erradicador, los recursos logísticos, y la coordinación con las comunidades locales, muchos de los cuales han manifestado su oposición a la erradicación forzosa sin alternativas viables de sustitución.