La Procuraduría General de la Nación solicitó a las autoridades del Atlántico tomar medidas inmediatas para mejorar las condiciones de reclusión en el departamento.
En una reciente inspección, el organismo evidenció niveles críticos de hacinamiento, alcanzando hasta un 380% en algunas estaciones de Policía de Barranquilla y Soledad.
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Durante el seguimiento, la entidad visitó nueve estaciones de Policía, dos Centros Transitorios de Detención, dos Centros de Rehabilitación y dos Centros de Atención Inmediata (CAI) en municipios como Puerto Colombia, Malambo, Galapa, Barranquilla y Soledad. En estos lugares se identificaron serias deficiencias en infraestructura, acceso a agua potable, higiene, atención médica y alimentación.
Ante esta situación, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla exigió a los mandatarios de Soledad y Galapa presentar un informe detallado sobre los recursos destinados este año para mejorar las condiciones de quienes se encuentran en detención preventiva dentro de las estaciones de Policía de sus localidades.
“Así mismo, deberán reportar si al 12 de febrero de 2025 tienen convenios interadministrativos de integración vigentes con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con el fin de garantizar el traslado y reclusión de las personas que se encuentran en calidad de condenadas en las diferentes estaciones de policía del municipio”, indicó el ente de control.
La Procuraduría también recordó que los alcaldes son responsables de mantener el orden público en sus municipios y garantizar el cumplimiento de las medidas de detención preventiva en los centros de reclusión.
El hacinamiento en el sistema carcelario sigue siendo un problema estructural en Colombia, afectando no solo a las personas privadas de la libertad, sino también a los guardianes del INPEC y miembros de la Policía encargados de la custodia de los detenidos. La crisis ha generado múltiples llamados de atención de organismos de control y derechos humanos, quienes advierten sobre las condiciones inhumanas en que permanecen muchos reclusos.
En varios municipios del Atlántico, la falta de cupos en las cárceles ha provocado que las estaciones de Policía se conviertan en centros de detención improvisados, sin la infraestructura adecuada para albergar a la población carcelaria. Esta situación no solo dificulta el cumplimiento de los derechos fundamentales de los internos, sino que también genera riesgos de seguridad en las comunidades cercanas.
A lo largo de los últimos años, la Procuraduría ha insistido en la necesidad de fortalecer la capacidad del sistema penitenciario y mejorar la coordinación entre las entidades territoriales y el INPEC para evitar que las estaciones de Policía sigan funcionando como centros de reclusión permanentes. Sin embargo, los avances han sido limitados, lo que mantiene la crisis vigente.
Ante la gravedad del problema, el ente de control espera que las administraciones locales presenten soluciones concretas y que se establezcan mecanismos efectivos para reducir el hacinamiento, garantizando condiciones dignas para quienes cumplen una medida de privación de la libertad en el departamento del Atlántico.