El viernes 14 de febrero marcó el límite para que las empresas en Colombia cumplieran con la obligación de consignar las cesantías de sus trabajadores en los fondos correspondientes.
Este beneficio, considerado un derecho fundamental para los empleados, tiene como propósito principal servir como un respaldo económico en situaciones de desempleo o para cubrir gastos relacionados con vivienda y educación.
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Sin embargo, el uso incorrecto de estos recursos puede derivar en sanciones, según advirtió la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp).
“Si las cesantías se destinan a un propósito diferente al aprobado, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) puede hacer una trazabilidad del uso del dinero y determinar qué sanciones aplican para las personas”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos en entrevista a La FM.
Así mismo, el uso de las cesantías para multas no estipuladas por la normativa puede tener consecuencias graves para los trabajadores. Según explicó el gerente de Quejada & Lawyers, José Antonio Quejada, mentir sobre el destino de estos recursos, como afirmar falsamente que se utilizarán para remodelar una vivienda, puede derivar en despido inmediato por justa causa.
Esta medida está respaldada por el Código Sustantivo del Trabajo, que en su Artículo 62 establece que el engaño por parte del empleado, mediante la presentación de certificados falsos, es una causal válida para la terminación unilateral del contrato laboral.
“La utilización de las cesantías con otros fines no dispuestos por la ley puede ser causal de despido inmediato por justa causa por parte del empleador”, dijo el abogado Luis Hernando Díaz a El País.
Además, el uso fraudulento de las cesantías puede escalar al ámbito penal. Si un trabajador presenta documentos falsificados para justificar el retiro de este beneficio, podría enfrentar cargos por falsedad en documentos públicos, un delito que, según el Artículo 287 de la Ley 599 de 2000, conlleva penas de prisión de tres a seis años.
Estas sanciones se aplican tanto a empleados dependientes como a trabajadores independientes que incurran en esta conducta.
“Muchos individuos acuden a retirar el dinero de esta prestación social afirmando que, por ejemplo, van a remodelar su casa, pero es falso y utilizan ese dinero con otros fines”, dijo Díaz.
Dentro de las acciones en las que no está permitido el uso de las cesantías están: la compra de vehículos, el pago de deudas personales, vacaciones o tratamientos médicos. Aunque algunos trabajadores consideran que este dinero, al ser producto de su trabajo, puede ser empleado libremente, la normativa colombiana establece restricciones claras para garantizar que los recursos cumplan con su propósito original.
Para evitar problemas legales o laborales, los expertos recomiendan a los trabajadores informarse adecuadamente sobre los usos permitidos de las cesantías y cumplir con los requisitos legales al momento de realizar un retiro. Así mismo, instan a las empresas a que cada año cumplan con la consignación de este beneficio dentro de los plazos establecidos, para evitar sanciones económicas y conflictos con sus empleados.
Se debe tener en cuenta que este beneficio considerado un derecho fundamental de los empleados, tiene como propósito principal servir como un respaldo económico en situaciones específicas, como la pérdida de empleo, la adquisición o remodelación de vivienda y el pago de educación. Sin embargo, el uso indebido de estos recursos puede derivar en graves consecuencias legales y laborales tanto para los trabajadores como para las empresas.
Las cesantías son una herramienta clave para garantizar la estabilidad económica de los empleados en momentos críticos. El presidente de Asofondos, Andrés Velasco explicó que, en caso de desempleo, los trabajadores pueden retirar la totalidad de este fondo para cubrir sus necesidades mientras encuentran una nueva fuente de ingresos. Además, destacó que las empresas que no cumplan con la consignación de las cesantías dentro del plazo establecido enfrentarán sanciones económicas que pueden alcanzar hasta un salario mínimo por cada día de retraso.
El dirigente también instó a los empleados a buscar apoyo en el Ministerio de Trabajo si sus permisos incumplen con esta obligación. Según Velasco, la ley protege a los trabajadores y les permite reclamar sus derechos en caso de irregularidades en la consignación de este beneficio.