El descubrimiento de dos víctimas de desaparición forzada en La Escombrera, un sitio de la comuna 13 de Medellín conocido por su vinculación con crímenes perpetrados durante el conflicto armado, desató un clamor de justicia por parte de las organizaciones que representan a las familias de las víctimas.
Tras la identificación de los restos óseos de dos jóvenes que fueron secuestrados y desaparecidos en 2002, sus familiares y abogados exigen no solo que se continúe con la investigación, sino que los responsables sean plenamente judicializados.
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Jahson Andrey Taborda Casas, representante de víctimas y abogado de la Fundación Forjando Futuros, manifestó la urgencia de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no solo continúe con la identificación de las víctimas, sino que también actúe en la búsqueda de los responsables de estos crímenes.
“Es fundamental que los verdaderos responsables sean identificados y sancionados”, dijo, destacando que muchas personas ajenas al conflicto armado, como líderes sociales, trabajadores y madres cabeza de familia, fueron víctimas de la violencia en un contexto de absoluta indefensión.
En ese sentido, el abogado subrayó que el Estado debe asumir sus responsabilidades y no omitir nombres de personas que participaron directamente en la desaparición y asesinato de estos individuos.
Identificación de las víctimas: un paso hacia la verdad
El Instituto Nacional de Medicina Legal, en colaboración con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), logró identificar de manera expedita los cuerpos de una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos provenientes de sectores populares de Medellín.
La joven, según los testimonios de su familia, fue secuestrada el 30 de julio de 2002 por miembros del Bloque Cacique Nutibara, una estructura paramilitar activa en la zona de San Cristóbal, y llevada a La Escombrera, donde fue asesinada y enterrada. Su caso ha sido investigado por la Fiscalía General de la Nación como una desaparición forzada atribuida al grupo armado liderado por Diego Fernando Murillo, conocido como ‘Don Berna’.
En el caso del joven de 28 años, también vinculado al Bloque Cacique Nutibara, su desaparición ocurrió el 13 de octubre de 2002, y, según la información recopilada, su familia no volvió a saber de él tras su desaparición. El joven, que sufría de discapacidad física y mental, fue especialmente vulnerable y también fue víctima de los crímenes perpetrados por los grupos armados en la comuna 13.
Según los testimonios recabados, como la versión de alias Don Berna en una declaración de 2013, se estima que más de 500 cuerpos podrían haber sido enterrados en La Escombrera.
Los equipos forenses continúan trabajando en la prospección de los escombros acumulados durante más de 20 años, con la esperanza de encontrar más restos de víctimas de desapariciones forzadas.
La JEP y la Ubpd han realizado trabajos de excavación a una profundidad de 15 metros, buscando evidencias que ayuden a esclarecer los crímenes ocurridos entre 2002 y 2004, cuando se produjo el mayor número de desapariciones en la región.
Estos esfuerzos, que se desarrollan en el marco de medidas cautelares adoptadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, reflejan la importancia de la colaboración de las autoridades en la identificación de las víctimas y en la búsqueda de la verdad.
En un contexto de dolor y desesperanza, las familias de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos siguen haciendo un llamado a la comunidad para que colabore en la búsqueda de más víctimas desaparecidas. La JEP ha señalado la posibilidad de que en La Escombrera se encuentren más cuerpos de personas provenientes de otras comunas de Medellín; por ello, ha invitado a los habitantes de sectores cercanos a La Escombrera, como San Cristóbal, a presentar denuncias y a entregar muestras biológicas para continuar con la identificación de los desaparecidos.