De acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica (OEC), “los últimos años las exportaciones de Colombia a Estados Unidos han tenido un incremento a una tasa anualizada de 6,91%”, yendo de los $11.100 millones en 2017 a los $15.600 millones en 2022″.
Sin embargo, la preocupación de si podría mantenerse o no la tendencia tras las recientes tensiones diplomáticas entre ambos países, llevó a que, desde la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), se haya hecho un llamado a evitar que se vean afectadas las relaciones y acuerdos comerciales entre Colombia y Estados Unidos.
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Su presidenta ejecutiva, María Claudia Lacouture, insistió en que “la relación entre Colombia y Estados Unidos es fundamental. Aunque Estados Unidos define su política migratoria, ningún colombiano debe ser maltratado. No debe convertirse en un conflicto que afecte a miles de colombianos en los Estados Unidos, ni los lazos de comercio, inversión y cooperación, esenciales para nuestro desarrollo”.
Y mostró su preocupación por el “limbo” en el que quedarían los colombianos que regresarían al país desde California:
“Hacemos un llamado desde la Cámara Colombo Americana a que cualquier diferencia se resuelva por los canales diplomáticos adecuados. Negarse a recibir a los connacionales deportados genera incertidumbre sobre su situación legal, dejándolos en vulnerabilidad y afectando sus derechos fundamentales. Es imperativo garantizar un trato digno y encontrar soluciones que respeten la soberanía de Colombia y los acuerdos internacionales que regulan estos procedimientos”.
Cuestionamiento al que se sumó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, con un pronunciamiento X: “Y además de todas las otras preguntas e indignaciones. Puede un país negarse a recibir a sus connacionales?”.
Migrantes serán repatriados a Colombia en un avión dispuesto por el Gobierno Petro
En una decisión que marca un punto de tensión en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro anunció en la madrugada del domingo 26 de enero que no permitiría el aterrizaje de dos vuelos de deportación provenientes del país norteamericano. Estas aeronaves, que transportaban a cerca de 160 migrantes colombianos deportados, fueron devueltas a territorio estadounidense tras la revocación de las autorizaciones diplomáticas previamente otorgadas a aviones militares y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su significado en inglés).
Según informó Noticias Caracol, los vuelos, operados por aviones militares estadounidenses C-17, habían partido desde el estado de California con 80 personas en cada uno. Sin embargo, tras la decisión del mandatario colombiano, los connacionales no pudieron ingresar al espacio aéreo del país y fueron retornados a Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la Presidencia de Colombia explicó que se dispuso el avión presidencial para facilitar el retorno digno de los connacionales que iban a ser deportados.
En la declaración destacaron que esta acción responde al compromiso del gobierno de garantizar condiciones humanas y respetuosas para los ciudadanos colombianos. “De ninguna manera, los colombianos, como patriotas y sujetos de derechos, han sido ni serán desterrados del territorio colombiano”, se lee en el documento.
La decisión se alinea con las críticas que el presidente Petro expresó en el pasado hacia las políticas migratorias de Estados Unidos, en particular, aquellas implementadas desde la administración de Donald Trump. El mandatario colombiano insistió en que los migrantes no deben ser tratados como delincuentes y exigió un trato digno para sus compatriotas antes de aceptar su retorno al país.
Por medio de X, el presidente Petro expresó su rechazo a la forma en que Estados Unidos maneja las deportaciones de migrantes colombianos. “Estados Unidos no puede tratar como delincuentes a los migrantes colombianos”, lo que dejó clara su postura frente a las políticas migratorias del país norteamericano.
Esta declaración se suma a una serie de acciones que, según informaron desde el Gobierno, buscan reforzar la soberanía de Colombia en temas migratorios y garantizar que los ciudadanos deportados sean tratados con respeto y dignidad.