En el contexto colombiano, los mecanismos diseñados para proteger a los consumidores del abuso financiero, como la tasa de usura, están siendo objeto de cuestionamientos debido a sus efectos no deseados sobre la inclusión financiera. A pesar de ser una herramienta regulada por la Superintendencia Financiera de Colombia, su rigidez está generando consecuencias preocupantes, según el informe titulado El costo de la exclusión en Colombia: El impacto de la tasa de usura sobre la inclusión financiera, elaborado por Colombia Fintech y Anif.
Uno de los problemas centrales señalados en el informe es cómo la estructura actual de la tasa de usura está empujando a los sectores más vulnerables hacia fuentes de crédito informal, como el gota a gota. Este tipo de préstamo, que opera al margen de la legalidad, impone condiciones de endeudamiento desorbitantes. Según los datos presentados, los hogares que recurren a esta modalidad enfrentan una tasa efectiva anual (EA) de 382,2%, un nivel 15 veces superior a la tasa de usura vigente en el país, que se sitúa en 24,9%.
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En contraste, los prestamistas informales presentan un promedio de 165,4% anual, aún significativamente alto, pero que refleja las barreras que impone el sistema financiero formal. Esta exclusión afecta no solo a individuos, también a pequeños y medianos negocios, cuyas posibilidades de crecimiento se ven limitadas al depender de estas fuentes informales de crédito.
El impacto de esta situación no se limita a las tasas de endeudamiento. La desigualdad en el acceso al crédito formal es otro factor clave. Mientras los hogares con ingresos superiores a cuatro salarios mínimos logran acumular deudas equivalentes a 46 veces sus ingresos mensuales, aquellos que ganan menos de un salario mínimo solo acceden a créditos equivalentes a 3,7 veces su ingreso. Esto evidencia no solo una disparidad en la capacidad de negociación, sino también en las oportunidades de acceder a un crédito formal que cumpla con sus necesidades.
Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, destacó que el principal problema radica en la falta de flexibilidad de la tasa de usura, lo que limita la capacidad de las entidades financieras para ajustar las condiciones de los préstamos según el perfil de riesgo de los clientes. “Esto no solo restringe las opciones para los sectores más vulnerables, sino que también genera un entorno propicio para los abusos financieros”, afirmó.
Las consecuencias de esta problemática no se quedan en las estadísticas. En el último año, 2,4 millones de colombianos fueron excluidos del crédito formal debido a que los límites establecidos por la tasa de usura no se ajustan al riesgo asociado a ciertos perfiles. Marcela Torres, gerente de Nubank en Colombia, explicó que esta situación también afecta a las fintech. “De cada 100 personas que nos solicitan un crédito, solo podemos aprobar entre 15 y 20″, puntualizó, señalando que esta rigidez dificulta la ampliación de la inclusión financiera en comparación con otros países como México y Brasil.
A esta exclusión financiera se suma un desafío crítico: la falta de educación financiera entre la población. Según el informe, solo el 32,3% de las personas con educación primaria logra responder correctamente a preguntas básicas sobre conceptos financieros. Esta cifra aumenta al 62,6% entre quienes tienen un posgrado, pero aún así refleja un déficit generalizado. Los pensionados, uno de los grupos más vulnerables, presentan los niveles más bajos de comprensión, con apenas un 9% de aciertos, lo que los hace más propensos a caer en sistemas informales como el gota a gota o las casas de empeño.
Por otro lado, las pequeñas y medianas empresas enfrentan retos similares, al tener menor acceso al crédito formal. Esto no solo las limita financieramente, también compromete su sostenibilidad y las expone a tasas impagables que frenan su desarrollo.