En menos de un mes, ocho firmantes de paz han sido asesinados en Colombia, los cuales se suman a otros 31 que fueron víctimas de homicidio en 2024. La cruda situación que están viviendo no es nueva y ha generado denuncias y súplicas al Gobierno nacional para que brinde garantías de protección.
Asimismo, hay múltiples quejas por la falta de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Estado Colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). En consecuencia, el Frente Nacional de Paz, integrado por excombatientes de diferentes departamentos del país, que se acogieron a lo pactado, anunció una movilización para exigir el cumplimiento del acuerdo.
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“Nos acercamos cordialmente a ustedes con el propósito de anunciar una jornada de movilización pacífica que se llevará a cabo el día 3-4 de febrero de 2025. Esta movilización incluirá el bloqueo intermitente de vías nacionales en la ciudad de Bogotá”, indicó el Frente Nacional en una comunicación enviada a varias entidades del Gobierno.
Específicamente, fue allegada al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, a la Consejería Comisionada de Paz, al Fondo de Programas Especiales para la Paz y a la Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano.
De acuerdo con la carta, revelada por Blu Radio, los firmantes de paz respetarán los derechos de las personas que son ajenas a las marchas. En ese sentido, permitirán el paso de ambulancias, bomberos y Defensa Civil, y respetarán la presencia de la fuerza pública y de funcionarios de la misión médica. De igual manera, garantizarán la no afectación de mujeres en estado de embarazo.
No impedirán, además, que las mujeres en estado de gestación, los menores de 14 años y las personas mayores se dirijan a citas médicas prioritarias, así como tampoco serán un obstáculo para personas que requieran de atención médica inmediata. En este último aspecto, se refieren a ciudadanos con cortadas, que estén inconscientes o que tengan menos de 14 años y que estén en grave estado de salud, el cual debe ser “evidente”.
¿Qué pasa con la implementación del Acuerdo de Paz?
De acuerdo con los firmantes de paz, luego de más de ocho años de implementación del Acuerdo de Paz, hay retrasos significativos en la ejecución de varios puntos del documento, que promete poner final a “décadas de conflicto armado”, hoy recrudecido en buena parte del territorio nacional. La falta de avance está poniendo en riesgo lo que en un momento se logró implementar y, además, ayuda a perpetuar la inequidad y exclusión de la población más vulnerable del país.
Recordaron entonces que la paz no se evidencia únicamente con la dejación de armas, sino con una verdadera construcción de justicia. Es por eso que solicitaron al presidente Gustavo Petro estar presente en las movilizaciones, con el fin de entablar conversaciones orientadas a la resolución de los problemas que han identificado en el cumplimiento de lo pactado en 2016. De igual manera, insistieron en que las diferentes instituciones del Gobierno nacional también deberían presentarse para participar en los diálogos.
“Solicitamos presencia de las instituciones del Gobierno nacional y especialmente la del señor presidente Gustavo Petro Urrego al diálogo con nosotros con la misma prontitud requerida; para poder enmarcar una ruta de trabajo conjunta y hacer tangible la implementación y estabilidad de los acuerdos, puesto que, estos acuerdos nunca se pensaron únicamente en beneficio de nosotros la población firmante del acuerdo de paz sino en toda la sociedad colombiana que necesitaba y necesita de una paz verdadera”, precisaron.