La desaparición de Brayan Estiven Rojo Mazo, un joven de 21 años cuyo rastro se perdió en el corregimiento El Llano de Oro, Sabanalarga, Antioquia, en 2021, ha vuelto al centro de atención tras las recientes imputaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación contra Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, conocido con el alias de Mamarón.
El señalado cabecilla de las disidencias de las Farc fue acusado formalmente de desaparición forzada, pero no aceptó los cargos, a pesar de las pruebas presentadas por el ente acusador.
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El caso data del 18 de octubre de 2021, cuando según las investigaciones de la Fiscalía, alias Mamarón, acompañado de otro hombre armado, ingresó a un establecimiento comercial en el corregimiento El Llano de Oro. Allí se encontraba Brayan Estiven Rojo Mazo, compartiendo con otras personas. Los hombres habrían obligado al joven a salir del lugar bajo amenazas, llevándolo hasta una quebrada en la vereda Santa María.
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“El material probatorio presentado permitió la judicialización de Edwin de Jesús Chavarría Monsalve, alias Mamarón, quien habría participado en la desaparición de Brayan Estiven Rojo Mazo”, explicó la Fiscalía. La hipótesis sugiere que en este lugar, Rojo Mazo fue asesinado y su cuerpo arrojado al afluente, donde hasta el momento no ha sido encontrado.
La familia de Brayan Estiven inició una búsqueda desesperada a finales de 2021, sin obtener resultados. A través de investigaciones, se determinó que el joven habría sido víctima de un intento deliberado de hacer desaparecer su rastro, reforzando las acusaciones de la Fiscalía contra alias Mamarón, que fue imputado formalmente por el delito de desaparición forzada.
Chavarría Monsalve actualmente se encuentra privado de la libertad en un centro carcelario, mientras se le investiga por otros delitos, incluyendo el asesinato del líder comunal Francisco Javier Posada Posada en Toledo, Antioquia, ocurrido el 8 de agosto de 2021. Las autoridades lo vinculan con otros crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales en la región, lo que subraya el impacto de su presunta actividad delictiva en comunidades vulnerables.
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Mientras este caso avanza en el sistema judicial, queda pendiente una reflexión más profunda sobre cómo proteger a las víctimas y prevenir futuras desapariciones, asesinatos y ataques en territorios golpeados por el conflicto. En este contexto, la justicia tiene un papel crucial, pero es esencial que vaya acompañada de medidas integrales para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Y es que, el caso de alias Mamarón se enmarca en una problemática más amplia: la presencia y actividad de grupos armados en distintas regiones del país, especialmente en departamentos como Antioquia. Estas estructuras, muchas veces herederas de antiguos conflictos armados, continúan ejerciendo control territorial y cometiendo graves violaciones a los derechos humanos.
Recientemente, en la vía Panamericana, que conecta Popayán con Cali, el accionar de grupos disidentes de las Farc evidenció nuevamente el nivel de inseguridad al que están sometidos tanto ciudadanos como autoridades. La diputada del Pacto Histórico, Orgeni Viera Betancourt, fue víctima de un secuestro y robo por parte de disidencias de las Farc el 24 de diciembre.
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Los hechos ocurrieron mientras la funcionaria se dirigía hacia un resguardo indígena para entregar regalos navideños. Allí fue interceptada en el puente Quinamayó, entre Caloto y Piendamó. “Nos amenazaron con los fusiles y despojaron a los hombres de protección de sus armas, chalecos y celulares. Me apuntaron muchas veces con los fusiles y luego huyeron con la camioneta oficial en la que viajábamos”, denunció Viera en declaraciones a W Radio. Aunque duro solo unas horas, la diputada describió momentos de terror en los que temió por su vida y la de sus escoltas.