En medio de un contexto económico complejo, donde la crisis fiscal ha llevado al Gobierno a recortar gastos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) firmó un millonario contrato para arrendar camionetas blindadas hasta el año 2026. Con una suma que supera los 600.000 millones de pesos, esta contratación ha generado polémica por la magnitud del gasto en un momento en que los recursos públicos están bajo estrecha revisión.
La UNP, entidad encargada de garantizar la seguridad de personas en riesgo extremo en Colombia, firmó un contrato con Neostar Seguridad de Colombia para el arrendamiento de vehículos blindados. Según lo estipulado en el documento conocido por La FM, el plazo de ejecución del contrato se extenderá hasta el 31 de julio de 2026, con adiciones posibles hasta 2027 según las asignaciones presupuestales del Gobierno.
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“Con el fin de atender las necesidades de las personas en situación de riesgo, la UNP considera necesario contratar empresas que presten el servicio de seguridad y vigilancia bajo la modalidad de arrendamiento de vehículos blindados, distribuidos de acuerdo con lo señalado en las tablas de cantidades estimadas de vehículos conforme a las especificaciones técnicas solicitadas por ubicación geográfica”, señala el documento firmado el 24 de diciembre de 2024 por Augusto Rodríguez, director de la UNP.
Este contrato es solo una de las varias contrataciones que la UNP tiene en curso, incluyendo uno para escoltas, con un costo adicional cercano a los 30.000 millones de pesos para el Senado. A pesar de la situación fiscal crítica, donde diversos sectores del Gobierno han denunciado problemas en la asignación oportuna de recursos, como lo ocurrido con la energía en Puerto Carreño (Vichada) o los pagos a universidades para programas de apoyo estudiantil, la UNP sigue adelante con esta inversión millonaria.
“Al ser un convenio de asociación, el Senado aportará los recursos para cubrir los costos de los vehículos y la Unidad Nacional de Protección aportará el valor correspondiente de los hombres de protección”, agregó la entidad.
Cabe recordar que, recientemente, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) comenzó una investigación por cartelización en los procesos de selección para vehículos blindados, vinculando a agentes del mercado y personas naturales en prácticas anticompetitivas en 21 procesos de selección con un presupuesto total de tres billones de pesos. Esta investigación busca esclarecer si estas prácticas han afectado la transparencia en la contratación pública, algo que podría llevar a una mala asignación de recursos públicos y al mal uso del dinero destinado a la seguridad.
En su esfuerzo por sancionar prácticas que, aunque aparentemente comunes, comprometen la eficacia y la eficiencia en el uso de recursos públicos, la SIC ya ha formulado cargos contra nueve agentes de mercado y once personas naturales. Las empresas señaladas por prácticas anticompetitivas en la contratación de vehículos blindados son: Neostar Seguridad de Colombia Ltda., GMW Security Rent A Car Ltda., Blinsecurity de Colombia Ltda., Vehículos Blindados de Colombia Ltda., Alliance Security Rent Car Ltda., M.I. Blindajes Ltda., Vector Ltda., Alquiler de Vehículos Blindados Nacional Rent Car Ltda. y Arrendadora de Vehículos Blindados Armati Ltda.
Asimismo, las personas naturales vinculadas a estas empresas son: Alan Perlman Katz, Jorge Arturo Moreno Ojeda, Alejandro Salvino Caicedo, Aldo Salvino Caicedo, Luis Wilson González Cárdenas, Alexander Díaz Díaz, Jorge Alfredo Cabal Castellanos, Julio César Salas Triana, María Isabel Almeida y Odilia Cecilia Chavarrio Martínez, quienes están siendo investigadas por su participación en prácticas anticompetitivas dentro de estos procesos de selección.
La Unidad Nacional de Protección, por su parte, ha asegurado seguir los lineamientos del régimen de libre competencia económica para seleccionar los mejores oferentes y garantizar calidad a precios adecuados.