Luego de que un dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) fuera herido mientras se encontraba en una cafetería cerca de la Sede Central ubicada en Teusaquillo, Bogotá, el Instituto compartió detalles de lo sucedido.
A través de un comunicado de prensa, el Inpec aseguró que los hechos se registraron a las 8:30 a. m. cuando el dragoneante Kevin Ignacio Romero López, que trabaja en la Sede Central del instituto, se disponía a desayunar en una cafetería cercana.
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En ese momento, dos hombres se acercaron a Romero López y le dispararon en tres ocasiones, en ese momento, “el servidos penitenciario fue trasladado a un centro asistencial donde se encuentra recibiendo asistencia médica especializada”.
El Inpec también confirmó que varios de sus integrantes han recibido amenazas que llegan a diferentes sedes de la entidad, al parecer, por organizaciones delincuenciales, razón por la que, ante los panfletos recibidos, “ya se solicitaron a las autoridades iniciar las investigaciones, para determinar si existe algún vínculo con los hechos presentados”.
Amenazas a funcionarios del Inpec
La crisis de seguridad que atraviesa el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia ha cobrado una nueva dimensión con varias amenazas y atentados contra sus funcionarios.
El panorama de violencia no es nuevo. Entre 2020 y 2024, el Inpec registró 63 funcionarios asesinados, lo que evidencia la magnitud de la crisis de seguridad, pues los empleados del sistema penitenciario, expuestos a constantes amenazas, a menudo carecen de medidas de protección suficientes, tanto en su vida profesional como en la personal. Esto ha llevado a que las autoridades anuncien investigaciones más intensivas para intentar mitigar la creciente ola de homicidios y agresiones.
El asesinato de 63 empleados en los últimos cuatro años no solo deja en evidencia la vulnerabilidad del personal del Inpec, también pone en relieve la ineficacia de las medidas de protección implementadas hasta ahora.
Los funcionarios, responsables de custodiar a miles de internos y gestionar traslados de alto riesgo, han denunciado que las garantías de seguridad siguen siendo insuficientes frente a la amenaza creciente de grupos criminales.
Uno de los casos que ha generado gran inquietud es el del dragoneante Valentín Eduardo Payares Pertuz que fue atacado en Barranquilla mientras estaba en su vehículo. En ese caso, la Fiscalía abrió una investigación y no descartó la conexión con su trabajo como custodio.
Medidas de protección insuficientes
Ante este panorama, el director del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, solicitó apoyo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) para reforzar la seguridad del personal. Hasta el momento, se han implementado esquemas de protección para 59 empleados de la entidad.
Sin embargo, las cifras revelan la gravedad de la situación: en los últimos meses, 375 funcionarios denunciaron haber recibido amenazas directas, y se documentaron 18 incidentes violentos, de los cuales 17 afectaron específicamente a personal de custodia y vigilancia.
Pese a las medidas adoptadas, como la asignación de escoltas y vehículos blindados para algunos funcionarios, la sensación de inseguridad persiste, por lo que el Sindicato Nacional del Inpec insistió en la necesidad de un plan de seguridad más robusto que incluya la modernización de la infraestructura penitenciaria y un aumento en el personal dedicado a la vigilancia; no obstante, la respuesta del gobierno ha sido limitada, dejando a muchos empleados expuestos a la violencia.
El ambiente hostil que enfrentan los trabajadores del sistema penitenciario colombiano es un problema que no solo afecta a quienes desempeñan labores de seguridad, también deja en evidencia las deficiencias estructurales del sistema carcelario del país, marcado por la falta de recursos y una gestión insuficiente de la crisis de seguridad.