Durante los próximos meses, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene un compromiso ineludible que podría transformar su estructura organizativa. En cumplimiento de una orden del Consejo de Estado, que se suma a un requerimiento antiguo de la Corte Constitucional, la entidad deberá renovar su planta de personal con funcionarios de carrera.
Esto implicará la apertura de un concurso de méritos que brindará la oportunidad a más de 3.500 personas de acceder a puestos en la Registraduría.
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Un fallo histórico
La decisión fue emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Pedro Pablo Vanegas, estableciendo un plazo de seis meses para que la Registraduría cuente con personal idóneo que cumpla con las tareas asignadas. Lo anterior, al determinar que la entidad estaba incumpliendo la Ley que regula la Carrera Administrativa Especial.
El expediente que dio origen a esta orden surgió de la inquietud del ciudadano Carlos Hernando Puerto, que en abril de 2024 formuló un derecho de petición a la Registraduría solicitando información sobre la cantidad de puestos de trabajo en la entidad y las características de cada uno. La respuesta fue alarmante: 4.114 puestos estaban bajo la modalidad de provisionalidad y encargo, en lugar de ser ocupados mediante un concurso de méritos, como lo establece la ley.
Ante esta situación, Puerto llevó el caso a la justicia, obteniendo un respaldo de la Procuraduría General de la Nación y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en agosto. Sin embargo, la Registraduría apeló la decisión, llevando a que el caso se decidiera en el Consejo de Estado. El alto tribunal evidenció que la información proporcionada por Puerto era verídica y que la entidad ya contaba con recursos aprobados por el Ministerio de Hacienda por un total de $26.000 millones para adelantar el nuevo proceso de contratación.
“Transcurridos más de 14 años desde que se profirió la Ley 1350 de 2009 (que reglamenta la carrera administrativa), la Registraduría no ha convocado a concurso de méritos”, destacó el Consejo de Estado en el fallo judicial. En lugar de eso, aseguró el alto tribunal, se ha recurrido a figuras como el encargo y la provisionalidad, lo que ha generado una sensación de inestabilidad y falta de transparencia en la gestión pública.
Además, el Consejo de Estado reconoció que la Registraduría está gestionando la provisión de 501 plazas de personal auxiliar administrativo. Sin embargo, estos nombramientos y las apropiaciones presupuestales que se están realizando no son suficientes, ya que la totalidad de los puestos deben ser reajustados para cumplir con lo establecido por la ley.
Un plazo que no se puede ignorar
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca destacó que, de acuerdo con la Ley 1350 de 2009, el concurso de méritos es un mandato claro que no puede ser ignorado, pues la última extensión para su implementación venció en agosto de 2012. Fue así como se ordenó cumplir la ley en un plazo máximo de seis meses, que estaba sujeto a la confirmación del Consejo de Estado en segunda instancia.
Esta situación plantea serios interrogantes sobre la gestión de la Registraduría y su compromiso con la transparencia y la legalidad. La inminente apertura del concurso de méritos no solo representa una oportunidad para que más de 3.500 personas accedan a empleos en la entidad, sino que también es una oportunidad para corregir el rumbo y garantizar que la administración pública opere de manera eficiente y acorde con la ley.
Se espera que la Registraduría, bajo la dirección de Hernán Penagos, cumpla con su compromiso reflejando transparencia y profesionalismo en la administración pública, principios clave para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.