La Gobernación del Atlántico ha anunciado que examinará las repercusiones del reciente anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en el cual se determinó que la empresa Air-e dejará de incluir cobros de terceros en las facturas de energía.
Estos cargos corresponden a impuestos territoriales como la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Alumbrado Público, que actualmente se recaudan a través de las facturas de la empresa prestadora del servicio eléctrico.
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El superintendente Dagoberto Quiroga explicó que esta medida hace parte de un plan del Gobierno nacional para reducir los altos costos de la energía en la región Caribe, una problemática que ha sido objeto de protestas y cuestionamientos por parte de usuarios y líderes locales.
Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, reaccionó a esta decisión calificándola como “improvisada” y afirmó que su equipo legal revisará la normativa vigente para entender las implicaciones de esta medida.
Según Verano, el retiro de estos cobros no implica su eliminación definitiva, ya que son impuestos que deben seguir recaudándose de alguna manera.
En lugar de desaparecer, se desagregarán de la factura de Air-e y será necesario establecer un nuevo mecanismo de cobro, dado que estos ingresos son esenciales para financiar los programas de seguridad y alumbrado público del departamento.
El gobernador expresó su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la seguridad de la región, ya que la Tasa de Seguridad es una fuente importante de financiación para los planes de vigilancia y prevención del crimen.
De acuerdo con Verano, si no se implementa un plan de transición adecuado, las cifras de inseguridad podrían aumentar debido a la falta de recursos. “No se puede improvisar de la noche a la mañana”, afirmó, insistiendo en que el proceso debe llevarse a cabo de manera sensata y con una planificación adecuada. Además, hizo un llamado al Gobierno para que realice un análisis profundo sobre las posibles consecuencias de esta decisión antes de implementarla de manera definitiva.
El gobernador también subrayó que su administración está comprometida en buscar una solución que no afecte la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos del Atlántico. “Queremos elaborar un proceso que permita seguir recaudando estos tributos de forma eficiente y sin generar incertidumbre en la población”, aseguró.
Verano mencionó que, además de la revisión legal que está llevando a cabo su equipo, se buscará dialogar con el Gobierno nacional para plantear alternativas que permitan mantener el financiamiento de los servicios esenciales sin afectar a los usuarios de Air-e de manera negativa.
Finalmente, el mandatario señaló que “no se pueden tomar decisiones apresuradas sin haber estudiado los pros y contras de las medidas”. Para Verano, es fundamental que cualquier cambio en la forma de recaudar estos impuestos se realice de manera estructurada y con el consenso de todas las partes involucradas, incluyendo tanto a las autoridades locales como a la ciudadanía.
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“Si es necesario luchar para proteger los intereses de nuestra gente, lo haremos. No podemos permitir que una decisión mal ejecutada afecte la seguridad y tranquilidad de los atlanticenses”, concluyó.
El superintendente Quiroga, por su parte, reiteró que la intención del Gobierno es aliviar la carga de las tarifas de energía en la región Caribe, pero que también entiende la necesidad de coordinar con las autoridades locales para asegurar que se sigan recaudando los tributos esenciales.