La Personería Distrital de Medellín presentó un informe que reveló un panorama preocupante sobre el desplazamiento forzado intraurbano, un fenómeno que continúa afectando gravemente a la ciudad de la eterna primavera. En su informe, la entidad, que tiene como misión la defensa de los derechos humanos, destacó que hasta el 31 de agosto de 2024, había recibido un total de 380 declaraciones relacionadas con el desplazamiento intraurbano. Esto representaba un total de 889 personas que se convirtieron en víctimas de este problema, que sigue azotando a la capital de Antioquia de manera alarmante.
El análisis de los datos recopilados mostró que junio y julio fueron los más críticos en cuanto al número de víctimas registradas. En junio, se reportaron 158 personas afectadas, mientras que en julio la cifra aumentó ligeramente, con 159 víctimas.
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Según los datos, los sectores donde más se presenta esta problemática son la comuna 13, (San Javier encabezaba la lista con el desplazamiento de 82 personas), seguida de la comuna 1, (Popular con 55 víctimas), la comuna 7 (Robledo con 52), la comuna 8 (Villa Hermosa con 45) y la comuna 3 (Manrique con 41 personas desplazadas).
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Manuel Alejandro Moreno, personero Delegado de la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, expresó su preocupación ante estos datos y realizó un enérgico llamado al Gobierno. En sus declaraciones, Moreno instó a que se tomen acciones concretas para implementar políticas de paz que puedan frenar esta crisis. “Es un dato que registramos y que ponemos en conocimiento de la ciudad y el país, haciendo un llamado al Gobierno Nacional, respetando la división de poderes, pero como ministerio público para que se implemente esa política paz”, manifestó.
La Personería también señaló que este tipo de desplazamiento, aunque menos visible que el rural, afectaba gravemente a los habitantes de las comunas vulnerables, donde la presencia de grupos armados y las disputas territoriales eran frecuentes. En respuesta a esta realidad, la entidad solicitó que las medidas para enfrentar esta problemática no se limiten solo a la atención de las víctimas, sino que se enfoquen en la prevención de nuevos desplazamientos, garantizando la seguridad en las zonas afectadas.
Durante su intervención, Moreno también explicó que la situación no solo afectaba a los habitantes locales, sino que la ciudad también estaba recibiendo a desplazados provenientes de diferentes municipios de Antioquia y de otras regiones del país. Estas personas, en su mayoría, huían del control ejercido por grupos armados ilegales y organizaciones delictivas que generaban terror y violencia en sus territorios.
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Moreno enfatizó la gravedad de la situación diciendo: “Las víctimas denuncian que por hechos de violencia, de actos de lesa humanidad y diferentes delitos han tenido que abandonar sus hogares y han tenido que dejar todo lo que han tenido”.
Según el informe presentado por la Personería, los principales responsables de este tipo de desplazamiento eran grupos armados organizados (GAO), grupos de delincuencia organizada (GDO), grupos de delincuencia común organizada (GDCO), y otros actores armados que operaban tanto en las zonas urbanas como rurales. Estos grupos, con sus actividades ilegales, generaban un clima de inseguridad y miedo constante, dejando a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad.
Por último, según la información con corte hasta el 31 de agosto de 2024, la Personería informó que recibió 2.356 declaraciones relacionadas con desplazamiento forzado, lo que representa un total de 4.723 personas afectadas. Las cifras más alarmantes se concentraron en los meses de abril, julio y agosto, con 775, 763 y 768 víctimas respectivamente.
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El municipio de Quibdó, capital del departamento de Chocó, se destacó como el lugar con mayor número de desplazados, registrando 484 personas que buscaron refugio en la ciudad. En cuanto al departamento de Antioquia, la problemática también era considerable, con varios municipios mostrando altos índices de desplazamiento. Caucasia encabezó la lista con 145 personas desplazadas, seguida de Segovia con 134, Turbo con 129, Ituango con 126, Apartadó con 105, y Tarazá con 102 víctimas.