En audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se registró el 8 de agosto de 2024, 74 exmilitares reconocieron su participación en 200 casos de ‘falsos positivos’ en Huila. Ante esto, 28 personas fueron imputadas como máximos responsables y esperan conseguir, con ese reconocimiento, una sanción de cinco a ocho años no carcelarios.
En el lugar se dio el espacio para que los familiares de las víctimas hayan alzado su voz y reclamaron la verdad de lo que le sucedió a los seres queridos. Yenny Alexandra Gutiérrez Molina, hermana de Diego Andrés Molina, quien fue asesinado el 20 de agosto de 2007 en Garzón, fue una de las primeras personas en hablar. La mujer recordó la difícil situación que enfrentaron luego de la muerte de Diego. “No fue un crimen contra individuos ni contra una sola persona de la población, sino contra la humanidad misma”, dijo.
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Luz Mery Martínez Rodríguez, hermana de Jaime Martínez Rodríguez, asesinado el 8 de octubre de 2007, en San Agustín, recordó con cariño a su familiar. “Mi hermano era un hombre muy trabajador, inteligente, responsable, amoroso, buen amigo y compañero”, afirmó la mujer. Aseguró que el día de los hechos un hombre fue a buscar a su hermano con nombres y apellidos, después de eso no lo volvió a ver.
Varios de estos casos involucra menores de edad. Yolanda Rocha Manrique habló de su hermano que solo tenía 15 años cuando desapareció en 1993. “Era el menor de la casa, el consentido. Un niño de 15 años, alegre, tenía muchos amigos, juguetón y amante de la música. (...) A mi hermano le negaron todos los derechos. Le quitaron la identidad, lo señalaron como lo peor; a un niño de 15 años”, contó.
Luz Marina Cuchumbe Quilindo señaló el asesinato de su hija, que tenía apenas 17 años de edad. “Mi hija quería ser una profesional y un día unas balas asesinas le quitaron sus sueños (...) destruyeron no solo nuestras familias, sino una comunidad, una organización campesina de 4.500 socios, ¿creen que es poco el daño que se hace en nuestro jóvenes? ¿por ser caucanos o ser huilenses nos tildan de guerrilleros?, ¿por ser campesinos, porque trabajamos para darle alimento a las grandes ciudades, por eso le quitan la vida a nuestra juventud?”, afirmó.
Carlos Yair Salamanca Robles, que fue comandante del Batallón Cacique Pigoanza, fue el primer exmilitar en reconocer su implicación. “Reconozco mi responsabilidad ante las víctimas porque ordené a mis subalternos realizar estos actos delictivos que dieron lugar al homicidio de civiles indefensos para que fueran presentados como muertos en combate”, dijo.
Jairo Alberto Rico Silva, que fue subteniente y perteneció al Batallón Cacique Pigoanza, también reconoció su responsabilidad en este delito, ya que “actuando conscientemente, asesinábamos a personas, disfrazando la verdad con operaciones militares, atentando contra la humanidad de personas de la región, humildes campesinos, gente honesta, trabajadora”.
Jhon Esteban Urueta Ballesteros, suboficial retirado, confesó que en varias ocasiones le mintió a la Fiscalía “diciéndoles que había presencia de organizaciones al margen de la ley para impedir que (fueran al terreno) y se dieran cuenta de lo que habíamos hecho”, y agregó que utilizaba datos de sitios con antecedentes criminales donde asesinaba a las víctimas.
“Todas estas cosas eran planeadas, absolutamente todas. Yo tenía el poder de la información porque era analista, pero no la usaba para lo que era”, añadió.
De acuerdo con José Wilson Orrego Noreña, en su labor como militares, defraudaron a todo un país al que debían proteger. “Sus familiares no eran bandidos, no eran delincuentes, los delincuentes fuimos nosotros, que empuñamos las armas, que terminamos vilmente asesinado a estas personas a quienes juramos proteger”, afirmó.