El director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, asistió a la Corte Suprema de Justicia para rendir declaración ante la investigación sobre presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña del Pacto Histórico en 2022. Antes de entrar a la Corte, Bolívar reconoció que “seguramente sí” se usaron los aviones de la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi).
El funcionario también aseguró que durante las jornadas de viaje en todo el proceso de campaña al Senado de la República no sabían de dónde salían los recursos, ni los aviones destinados para desplazarse a las diferentes ciudades del país.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.
A su vez, Bolívar señaló que la persona que debe responder ante las irregularidades financieras de la campaña es el gerente de esta, que es el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. “Yo creo que él es el que tiene que rendir las cuentas, él es el que conoce de dónde salieron los recursos “.
Además, indicó que los incentivos para solventar la campaña al Congreso salieron de los recursos otorgados por la reposición de votos y de pequeños aporte de seguidores como miembros de la bancada de Gobierno, ya que “no recibimos dinero de las empresas privadas”, resaltó.
Cabe resaltar que, la investigación de la entidad no solo abarca la campaña del Pacto Histórico al Congreso para el periodo de 2022-2026, sino que también indagará en presuntas irregularidades en la que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia de la República.
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), el gerente de la campaña del primer mandatario y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, presuntamente, ocultó de los registros financieros oficiales por un monto de $6.011 millones, que en caso tal de que sea cierto, la aspiración presidencial de Gustavo Petro en 2022 superaría los límites permitidos por el Consejo Nacional Electoral en las dos vueltas presidenciales.
Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, encargados de la investigación, también señalaron que cuentan con documentos que demuestran la alteración de la contabilidad de la campaña; tienen las pruebas necesarias para afirmar que un porcentaje de los recursos no reportados fueron usados para sobornar a testigos electorales en varios centros de votación del país.
En respuesta a las acusaciones, el presidente Petro aseguró que el proceso representa “el inicio del golpe blando“. En ese sentido, escribió en sus redes sociales que “estamos ante una arbitrariedad: una instancia administrativa formula cargos al presidente de la República. Es una abierta ruptura constitucional”.
A propósito, los 20 congresistas elegidos por el Pacto Histórico que están implicados en el escándalo de violación de topes financieros de la campaña electoral, elaboraron un documento en el que mostraron su intención de colaborar con el CNE, la CSJ y la Fiscalía General de la Nación. Además de eso, se comprometieron a entregar pruebas y asistir a los procesos judiciales, cuyo fin es demostrar si hubo o no irregularidades en las campañas.
La misiva incluye seis elementos clave para el avance de la investigación. Estos puntos se establecen como la columna vertebral del acuerdo de colaboración que los testigos ofrecieron a la Fiscalía.
De estos, se destacan los aportes a la campaña del jefe de Estado, cuyos fondos provenían de Daily Cop, la primera criptomoneda digital de Colombia, que adquirió a Sadi, compañía aérea implicada en el caso por prestar servicios de $350.000.000.
“En este punto, en particular, se servirá de testigo directo y se evidenciará cómo con la empresa Sadi SAS, empresa de aviación, a través del testaferro Carlos Restrepo, fue comprada y puesta al servicio de la campaña presidencial, con el dinero de la captación de la empresa Daily”, puntualizó el documento.