
En medio de la conmemoración de los 33 años de la Constitución Política de 1991, el presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, criticó duramente la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro de convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Durante el evento, Reyes cuestionó la viabilidad de crear nuevos proyectos constitucionales cuando, según él, aún no se ha implementado plenamente la Constitución vigente.
Reyes expresó: “Me pregunto, cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991″. Destacó la importancia de mantener una Constitución firme y no sujeta a cambios arbitrarios. “La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal cambiable a placer, sino al revés: debe ser un texto rígido con muy relativas flexibilidades”, sostuvo el magistrado.
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Asimismo, Reyes manifestó que la Constitución debe servir como una brújula y punto de equilibrio para el pueblo colombiano, que ha vivido asediado por la violencia durante muchos años.
A este respecto, recordó el acuerdo de paz firmado en 2016, que representó una esperanza para la nación, aunque la realidad actual sigue mostrando las cicatrices de la violencia.
“Colombia ha sido una nación terriblemente asediada por la violencia, los días de felicidad han sido escasos (…) persisten los llamados de auxilio,” indicó Reyes.
En la misma línea, Reyes enfatizó que la Constitución vigente necesita desarrollarse y aplicarse de manera efectiva antes de considerar la creación de una nueva constituyente. Según el magistrado, la integración de nuevas formas y contenidos en la Constitución de 1991 ha de ser en consonancia con los principios originales y no mediante cambios abruptos que puedan desestabilizar el equilibrio constitucional del país.
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Por su parte, Humberto de la Calle también participó en el evento y se refirió a las declaraciones del nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.
De la Calle señaló que la cuestión de una asamblea constituyente ha capturado la atención nacional y destacó la posición del nuevo ministro, quien ha insistido en seguir los procedimientos previstos en la actual carta magna.
“La voz del nuevo ministro del Interior por fortuna ha afirmado que el camino es el previsto en la carta,” comentó de la Calle. “Recibimos esa afirmación con alivio, confiemos en que esta sea la decisión unificada del Gobierno”, añadió.
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De la Calle añadió que el Gobierno de Petro tiene la responsabilidad de generar confianza en la ciudadanía respecto a la propuesta de una nueva constituyente. Considera que esta propuesta ha tomado por sorpresa a una gran parte de la comunidad y que la falta de confianza puede hacer fracasar el esfuerzo.
“Es deber del Gobierno nacional generar confianza porque la propuesta ha sorprendido a buena parte de la comunidad, y que de no lograrse esa confianza, ese esfuerzo puede resultar fallido,” expresó de la Calle.

La idea de Petro
Gustavo Petro ha causado una fuerte controversia en el país desde que comenzó a hablar de asamblea constituyente y del poder constituyente. Petro expuso los principales elementos de su iniciativa y los cambios que busca implementar.
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Entre las propuestas más destacadas se encuentra la garantía de derechos universales, que incluye el acceso a la educación, la salud y las pensiones. Estos derechos fundamentales serían asegurados en la nueva Constitución, indicó el presidente. Además, propone un reordenamiento territorial para incluir mejor a las regiones tradicionalmente excluidas y equilibrar el desarrollo económico y social nacional.
El mandatario también destacó medidas para potenciar el desarrollo económico y social, con un enfoque en mejorar la calidad de vida de los colombianos a través de mejoras en salud, acceso al agua y una renta básica para la población mayor.
La implementación completa del acuerdo de paz, especialmente en lo que respecta a la reforma agraria y el cumplimiento de acuerdos con la ex guerrilla de las FARC, se encuentra entre los puntos cruciales de la propuesta.
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Uno de los objetivos de la Asamblea sería también abordar la crisis climática mediante la descarbonización de la economía. En el aspecto económico, Petro insiste en mantener la independencia del banco central y priorizar el empleo y la producción como elementos centrales de la política monetaria.
En términos de justicia y política, la reforma del sistema judicial y la separación de la política de la influencia financiera privada son componentes significativos que el presidente quiere lograr a través de esta Asamblea.
Sin embargo, varios sectores políticos han indicado que para implementar esos cambios no es necesaria una constituyente.
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