La JEP también solicitó a la Fiscalía investigar presuntas “chuzadas” a sus magistrados: habrían intentado interceptar sus correos

Un día después de que los presidentes de las altas cortes de la rama judicial enviaran una carta a la Fiscalía General de la Nación para que investigue las presuntas interceptaciones ilegales de la que estarían siendo víctimas los magistrados por parte de funcionarios de la Presidencia de la República, en la mañana de este martes 25 de junio se conoció que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también se sumó a la petición.

Así quedó evidenciado en una carta que envió el director de Asuntos Jurídicos de esa justicia, Jairo Ernesto Arias, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, después de recibir denuncias internas sobre posibles intentos de “chuzadas” a los correos de algunos magistrados de la JEP.

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“La JEP no puede dejar de expresar su preocupación ya que, de comprobarse esta situación, se afectaría su independencia y autonomía; además se configuraría una grave contradicción de los principios democráticos que soportan el Estado Social y Democrático de Derecho adoptado por Colombia; así como una clara amenaza a la seguridad de los Magistrados y Magistradas de esta Jurisdicción”, se lee en el documento.

De hecho, Arias recordó a la fiscal que esta no sería la primera vez que intentan agredir de alguna manera a los magistrados de esa justicia, recordando amenazas de muerte que fueron conocidas en 2023.

“Sobre este último punto se recuerda que durante el año 2023 los Magistrados y Magistrados de la JEP recibieron amenazas contra su vida por adelantar las funciones que constitucional y legalmente les fueron asignadas. La gravedad de los hechos impone que se realice una verificación de las causas que los motivaron, así como para determinar a los responsables”, solicitó el funcionario.

Incluso, desde la JEP solicitaron que las investigaciones sean investigadas junto a las denuncias emitidas por presidentes de las altas Cortes, con el fin de esclarecer si se trata de los mismos responsables, además de reducir tiempos de indagaciones por tratarse del mismo proceso de la Fiscalía.

“Se solicita que la Fiscalía General de la Nación y las autoridades judiciales competentes investiguen los hechos y sancionen a todos los responsables; y en consecuencia que los recursos dispuestos para avanzar en los actos investigativos frente a los hechos denunciados por la Corte Constitucional, se extiendan a los hechos que afectan a los Magistrados y Magistradas de la JEP”, concluyó.

La solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz se da apenas un día después de que se hiciera pública la denuncia interna que interpuso a magistrada Ana Caterina Heyck, en la que detalló que ha sido víctima de fallos recurrentes en los correos de su despacho.

El documento de queja, presentado por Heyck y compuesto por 23 páginas, detalla que los correos electrónicos de su despacho comenzaron a presentar problemas entre el 14 y el 28 de febrero de este año. Entre los mensajes afectados se encontraban enlaces y archivos esenciales para su labor, enviados por su asistente, a quien describe como su “mano derecha”, y un magistrado auxiliar.

Heyck especificó en su denuncia que “no podía recibir los correos que enviaba la funcionaria del despacho Paola García, quien en cambio recibía reporte de recepción. Esto sucedió en varias oportunidades”, se detalla en el documento. Además de los correos rebotados, también se presentaron problemas en las comunicaciones del magistrado auxiliar, quien experimentó “imposibilidad de ingreso” a su cuenta en múltiples ocasiones y la no recepción de ciertos mensajes enviados.

Ante las reiteradas fallas, la magistrada Heyck expresó su temor referente a una posible interceptación de sus comunicaciones. “Temiendo una posible interceptación, elevamos la presente queja y solicitamos amablemente que se adelante la correspondiente evaluación técnica”, destaca la carta enviada al secretario ejecutivo de la JEP.

La respuesta a la denuncia no se hizo esperar. El secretario ejecutivo de la JEP, Harvey Suárez, junto con el jefe de seguridad de la Jurisdicción, mayor Hernán Pérez, y el subintendente de la Policía, Yeison Calvo, analizaron la queja. Suárez firmó una respuesta detallada de ocho páginas donde se explicó que una revisión técnica realizada mediante análisis forense reveló que los correos fueron puestos en un estado de “cuarentena” por el sistema de Microsoft Defender, que detectó un “cebo de alta confianza”.