En las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) en Colombia el hacinamiento carcelario se encuentra con el doble de personas.
De acuerdo con cifras de las autoridades y reveladas por Rtvc, en la actualidad existen 1.089 estaciones de policía en Colombia, las cuales pueden albergar hasta 9.694 presos, sin embargo se están alojando a 21.615 personas, lo que significa un nivel de ocupación del 166%.
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Por tal motivo, la a Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá); Federico Gutiérrez (Medellín); Alejandro Eder (Cali); y Álex Char (Barranquilla), se reunieron para buscar soluciones inmediatas. El director de la Policía Nacional, general William René Salamanca, también estuvo presente.
El alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta de X indicó que “arranca una nueva etapa para enfrentar el hacinamiento carcelario en nuestro país. Nos reunimos con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Justicia, la fiscal general, los directores de la Policía Nacional y el Inpec y los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla y llegamos a acuerdos claves para avanzar en la solución de esta problemática”, indicó el mandatario de Bogotá.
El alcalde Galán también dio a conocer los tres puntos más destacados que se discutieron con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Inpec y los alcaldes de las cuatro ciudades principales de Colombia.
- La Policía Nacional apoyará el traslado a centros carcelarios de 570 personas condenadas quienes cumplen sus condenas en estaciones de policía.
- El Ministerio de Justicia se comprometió a revisar la propuesta de creación de centros de reclusión especiales donde se trabaje con privados para que, en el corto y mediano plazo, podamos controlar el hacinamiento carcelario.
- Como ciudad, vamos a fortalecer las herramientas de conectividad para que quienes hoy están privados de la libertad puedan asistir a las audiencias virtuales a las que son citados. Esto, en una apuesta para evitar aplazamientos e incluso, vencimiento de términos.
Finalmente, el mandatario de la capital colombiana manifestó que “¡El hacinamiento no detendrá los esfuerzos de Bogotá por enfrentar la criminalidad!”.
La situación ha llevado a que diferentes funcionarios emitan solicitudes para atender la situación. Por ejemplo, el personero Distrital de Barranquilla, Miguel Ángel Álzate, emitió una alerta sobre el hacinamiento en las cárceles y centros de detención transitoria de la capital del Atlántico. El Ministerio Público también señaló posibles violaciones en el acceso a la atención médica dentro del sistema penitenciario y carcelario para los detenidos en la jurisdicción.
Álzate afirmó que: “Es de mucha preocupación para nosotros la difícil situación que viven estas personas privadas de la libertad que habitan en los centros carcelarios y carecen de control y tratamiento de enfermedades como VIH, cáncer, tuberculosis, diabetes y la presunta existencia de la varicela o viruela del mono detectada en la estación de policía del barrio El Bosque, que se sigue investigando”, sostuvo.
La Personería Distrital de Barranquilla, en su rol de garante de derechos humanos, instó a las entidades nacionales y distritales a que “adopten medidas urgentes para el control de las enfermedades y el hacinamiento, que en algunos casos supera el 500 por ciento”.
Han transcurrido dos años desde la inauguración del pabellón en la Penitenciaría El Bosque de Barranquilla, sin que este haya sido utilizado. Esta situación es especialmente crítica dado que los más de 500 cupos que ofrece podrían aliviar significativamente el hacinamiento en las cárceles y estaciones de Policía, donde la sobrepoblación alcanza el 51% y el 400%, respectivamente.
La construcción del pabellón, gestionada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a un costo cercano a los 21.000 millones de pesos, se ha visto obstaculizada por la falta de obras menores y problemas logísticos, incluyendo la escasez de personal de guardia. Estos factores impiden la operatividad del pabellón, a pesar de los repetidos llamamientos de los organismos de control.