Disidencias habrían querido aprovechar hostigamientos en Cauca y Jamundí para reclutar menores de edad

Este grupo delincuencial quería sacar de las escuelas de esas zonas a los menores de edad para incorporarlos forzosamente a sus filas

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Integrantes de fuerzas de seguridad recorren el lugar donde explotó un artefacto este lunes en Jamundí (Colombia). Al menos cinco personas resultaron heridas este lunes en un atentado perpetrado en Jamundí, en el departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), mientras que los habitantes de la localidad de Morales, en el vecino departamento del Cauca, denunciaron un hostigamiento de presuntos disidentes de las FARC. EFE/Ernesto Guzmán
Integrantes de fuerzas de seguridad recorren el lugar donde explotó un artefacto este lunes en Jamundí (Colombia). Al menos cinco personas resultaron heridas este lunes en un atentado perpetrado en Jamundí, en el departamento colombiano del Valle del Cauca (suroeste), mientras que los habitantes de la localidad de Morales, en el vecino departamento del Cauca, denunciaron un hostigamiento de presuntos disidentes de las FARC. EFE/Ernesto Guzmán

En un alarmante episodio de violencia, las disidencias de las Farc desataron una serie de ataques en el suroccidente de Colombia, generando caos y terror en la comunidad.

El 23 de mayo, estas acciones violentas incluyeron la detonación de una moto bomba, ataques a estaciones de policía y una sangrienta incursión en Morales.

En medio de estos actos, centenares de niños y profesores se encontraron bajo fuego cruzado, viéndose forzados a evacuar sus escuelas bajo la amenaza de criminales armados, de acuerdo con información conocida por la Revista Semana.

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Durante estos hechos de barbarie, que dejaron seis muertos, integrantes de las columnas Jaime Martínez y Dagoberto Ramos irrumpieron en once pequeñas escuelas rurales de Jamundí y cuatro más en el Cauca. Los profesores fueron obligados a suspender las clases y evacuar de inmediato.

En algunas instituciones, los delincuentes bloquearon las salidas principales, mientras que en otras instalaron trampas explosivas y dispararon contra los edificios.

En la escuela de Potrerito, una maestra relató cómo los niños tuvieron que saltar las barandas del colegio para escapar, ya que la única vía de salida estaba obstruida por un bus posiblemente cargado con explosivos. Los alumnos y maestros se vieron obligados a buscar refugio en el monte y en fincas cercanas.

Padres de familia y organizaciones de derechos humanos acudieron a la zona, pidiendo permiso para transitar por caminos internos y poder rescatar a los niños. En Potrerito, dos hombres armados de la columna Jaime Martínez llegaron con fusiles.

Uno de los objetivos de estos criminales era realizar un reclutamiento masivo, aprovechando la distracción creada por los ataques en Morales, donde asesinaron a dos policías y dos civiles, destruyeron el Banco Agrario, detonaron explosivos y mantuvieron a los habitantes cautivos por tres horas, de acuerdo con información recopilada por Revista Semana.

La situación en Villa Colombia fue igualmente tensa. Ocho hombres armados usaron un altoparlante para ordenar la evacuación inmediata de la escuela. Los docentes, al intentar salir, fueron detenidos por ráfagas de fusil y se vieron obligados a esconderse hasta las 11 de la mañana.

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En San Antonio, 20 hombres armados forzaron la evacuación de los estudiantes, generando temores de un posible reclutamiento forzado, aunque los familiares temen denunciar debido a las amenazas recibidas.

En los corregimientos de Ampudia, Quinamayó, Villa Paz, Robles y Timba, más de 140 maestros y centenares de alumnos resultaron afectados. Ante esta escalada de violencia, el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (Sutev) convocó una asamblea extraordinaria junto con Fecode y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para analizar la situación y exigir medidas de seguridad.

Diego Morales, presidente de Sutev en Jamundí, declaró: “Hoy nos encontramos en una asamblea extraordinaria en el marco de un cese de actividades con los docentes y directivos de instituciones educativas ubicadas en zona rural de Jamundí. Nos reunimos con personal de Fecode, la CUT, Sutev central y derechos humanos para buscar medidas que salvaguarden la vida y la integridad de nuestra comunidad debido al conflicto”. Asimismo, exigieron a la administración municipal la implementación de protocolos de seguridad y planes de contingencia.

María Solandy Carabalí, directiva de Sutev, agregó: “La mayoría de instituciones de Jamundí se encuentran en la zona rural y han sido afectadas por actos de violencia que hoy rechazamos. Invitamos a un cese de violencia. Las escuelas son territorios de paz”.

Mientras tanto, en el norte del Cauca, grupos armados de las Farc perpetraron ataques en Morales, Suárez, Timba, Cajibío y Buenos Aires. Según información de inteligencia militar, unos 30 hombres armados con fusiles, explosivos y lanzagranadas se tomaron Morales, mientras que otro grupo de la columna Jaime Martínez atacó las escuelas rurales de las otras localidades.

El resultado fue la captura y secuestro de varios niños, llevados a la fuerza por los delincuentes. Un funcionario local, bajo condición de anonimato, denunció: “Ese día se llevaron a varios niños. Fue un día nefasto, mataban a policías, impedían el ingreso del Ejército y se paseaban por centros poblados, mientras sacaban a los menores en camionetas

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